En la mañana de hoy, en la oficina de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), se llevó a cabo una conferencia de prensa encabezada por el Grupo Impulsor de Organizaciones de la Sociedad Civil en Defensa de la Democracia. El evento fue una respuesta directa a la reciente sanción de la Ley que establece nuevos controles sobre las organizaciones de la sociedad civil (OSC), aprobada por la Cámara de Senadores el 9 de octubre tras su paso por Diputados, con modificaciones sugeridas por el Poder Ejecutivo.

Durante la conferencia, Dante Leguizamón, secretario ejecutivo de la Codehupy, anunció que las organizaciones presentarán una nota al presidente de la República solicitando el veto total de la ley. “Agradecemos los esfuerzos del Ejecutivo en introducir cambios en el proyecto de ley, pero aún contiene deficiencias inconstitucionales que atentan contra los principios de una democracia pluralista y participativa”, expresó.

Leguizamón fue claro al señalar que la legislación sancionada afecta el derecho a la participación ciudadana. “Esta ley impone controles desproporcionados y sanciones que no tienen justificación, lo que dificulta el trabajo de las OSC en lugar de promover la transparencia, que debería ser el objetivo principal”, agregó.

Además, destacó que la ley parece tener una intencionalidad persecutoria hacia las organizaciones y sus integrantes, como lo evidencian las declaraciones de algunos senadores que impulsaron la normativa. “Lo que esta ley facilita es la persecución y el desprestigio de las OSC, no un mayor control”.

Marta Ferrara, directora de Semillas para la Democracia, señaló que la sociedad civil está dispuesta a agotar todas las instancias de diálogo antes de recurrir a mecanismos judiciales, e instó al Ejecutivo a evaluar cuidadosamente la constitucionalidad de la ley. “No queremos que Paraguay se convierta en un Estado que persigue a sus ciudadanos por lo que piensan o dicen. Esta ley atenta contra el derecho a la intimidad y la libertad de expresión”, afirmó Ferrara, quien también advirtió sobre las consecuencias negativas que podría tener la ley en la imagen internacional del país.

El Grupo Impulsor de las OSC reiteró su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, pero insistió en la necesidad de crear una mesa técnica de trabajo donde se evalúen las normativas existentes y se simplifiquen los procesos de registro, asegurando una verdadera participación de la sociedad civil en la construcción de políticas públicas.

Finalmente, ambos voceros coincidieron en que, si la ley no es vetada, las organizaciones presentarán acciones legales ante instancias nacionales e internacionales, alertando sobre el riesgo de que Paraguay sea señalado en foros internacionales como un país que restringe la participación ciudadana.

El llamado al presidente es claro: vetar una ley que pone en peligro los derechos democráticos fundamentales y abrir el diálogo para encontrar una solución que respete los principios constitucionales y fortalezca la democracia en el país.

Pronunciamiento del Grupo Impulsor de las OSC en Defensa de la Democracia.