Desde la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) nos pronunciamos con profunda preocupación ante la amenaza inminente de desalojo que sufren las familias de la comunidad indígena Hugua Po´i del pueblo Mbya Guaraní, ubicada en Raúl Arsenio Oviedo, departamento de Caaguazú.
Este desalojo forzoso sería posible tras el levantamiento injustificado de la medida cautelar que protegía su derecho a permanecer en su territorio mientras se halla en curso el trámite de la regularización de la tierra ante el INDI. Hugua Po´i, compuesta por unas 55 familias, ha exigido por más de una década al Estado paraguayo la delimitación y titulación del territorio que habitan, así como la garantía de una vida digna.
El levantamiento de esta medida cautelar representa no solo una amenaza a la seguridad y bienestar de estas familias, sino también una evidente violación a los derechos territoriales de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución Nacional, tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Recordamos que en varias oportunidades, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Paraguay por violaciones de este tipo, dejando claro que la titularidad de tierras en manos de particulares no es motivo suficiente para denegar el derecho de restitución territorial a los pueblos indígenas.
La actuación del Poder Judicial en este caso es alarmante. El Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la Capital, Cuarta Sala, que en 2023 había prohibido cualquier desalojo o alteración en el inmueble en cuestión, ha permitido ahora que intereses empresariales prevalezcan sobre los derechos de la comunidad Hugua Po´i. Denunciamos que esta decisión responde a presiones y estrategias de grupos empresariales con históricos intereses en la región, entre ellos, la empresa Tres Palmas, cuyos abogados han sido vinculados a figuras del poder judicial y ex autoridades como Mario Vega, quien fue titular del INDERT.
Nos preocupa profundamente la complicidad entre estos actores y la utilización de recursos legales como herramientas de desalojo. En esa misma línea, el incidente de pedido de levantamiento de la medida es presentado por el abogado Alfredo Maggi, miembro suplente de Enrique Berni, del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, cuya consecuencia sorpresivamente es la decisión del juez de levantar la medida de urgencia.
Exigimos que el Poder Ejecutivo, a través del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), y el Poder Judicial, en particular la Corte Suprema de Justicia, tomen medidas urgentes para frenar este atropello. El Estado paraguayo tiene la obligación de actuar con diligencia y en consulta con la comunidad, garantizando sus derechos sobre el territorio.
No podemos permitir que las familias indígenas continúen siendo objeto de desalojos forzosos y criminalización por defender sus derechos humanos.
La Codehupy permanecerá vigilante, acompañando a la comunidad Hugua Po´i en la lucha por su territorio. Denunciando toda acción que pretenda despojarlos de su hábitat tradicional.
Instamos a la sociedad civil a solidarizarse con esta causa y a exigir justicia para los pueblos indígenas, quienes históricamente han sido los legítimos guardianes de estas tierras. El Estado paraguayo no puede seguir ignorando sus derechos y reclamos.
El poder judicial no está excluido del ámbito tuitivo de la normativa de protección de las comunidades indígenas. Recientemente, la CIDH estuvo presente en el Paraguay para la supervisión del cumplimiento de las sentencias emitidas a favor de otras comunidades indígenas, por tanto, no puede el estado ante organismos internacionales comprometerse con los DERECHOS HUMANOS y en paralelo desalojar a la comunidad indigena de HUGUA PO´I.
Asunción, octubre 21 de 2024
Secretario Ejecutivo: Dante Leguizamón
Coordinación de Turno: Tierraviva, Sociedad de Comunicadores del Paraguay y Unidas en la Esperanza.
