En la primera mesa, José Galeano, de Enfoque territorial, explicó que el seminario es la antesala de una publicación que recoge la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos y los riesgos que enfrentan en el desarrollo de su trabajo, ya sea a través de los hostigamientos y amenazas así como la persecución institucional a través de la vía judicial y policial.

Posteriormente, Liliana Valiña, asesora del Alto Comisionado, se refirió a la estigmatización que existe sobre los defensores de derechos humanos y su labor, lo cual le valió al país varias recomendaciones durante el último Examen Periódico Universal (EPU) para hacer respetar y proteger el derecho de luchar por los derechos.

En tanto, el director de la Unidad de Derechos Humanos de la Cancillería, Miguel González Bibolini, dijo en defensa de la labor del Estado que el Paraguay aceptó todas las recomendaciones del EPU y que existe la invitación abierta para todos los relatores, ya sea del sistema universal y regional, que quieran visitar el país. No obstante, reconoció que aún hay mucho por hacer en la materia.

De su lado, Tania Abdo, experta electa para el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, disertó sobre los Estados y la Defensa de los Derechos Humanos, resaltando el compromiso arrancado durante el EPU para la elaboración de una ley de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, que ya se encuentra en su etapa final y que en breve sería presentada en el Congreso.

Por su parte, Ceferina Ruiz, de la organización Rebeldes del Sur del Bañado, manifestó que sufren constantes persecuciones de parte de la policía por denunciar los vínculos de los agentes con el tráfico de drogas, especialmente el crack, que genera estragos en las poblaciones más empobrecidas por su alto impacto en la salud.

En tanto, Gabriel Fernández, de la Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco y perteneciente al pueblo enxet, expresó que al no poder acceder a sus territorios es la cultura misma y sus conocimientos los que se encuentran en riesgo de desaparición, además de la vida, pues los montes son fuente de alimentación y medicina.

Con respecto al acceso a la justicia, el abogado Dante Leguizamón sostuvo que la garantía de impunidad es un factor que incentiva los ataques contra defensores de derechos humanos, que se perpetra de distintas maneras, ya sea a través de la vía administrativa, como la sanción contra la abogada Julia Cabello por haber criticado una decisión de la Corte en el caso Sawhoyamaxa, como también con el uso distorsionado del derecho penal, como releva el caso Curuguaty, donde la conformación de una comisión vecinal para tramitar tierras fue asimilada a una asociación criminal, o los procesamientos de comunidades campesinas que se oponen a fumigaciones realizadas en violación de las leyes ambientales.

En cuanto a la situación de la comunidad LGTBI, Yrén Rotela, de la organización trans Panambí, dijo que el peor proxeneta que deben enfrentar es la policía, además de los crímenes de odio de las que son víctimas, que según los registros que manejan se ha cobrado la vida de 54 personas trans desde 1989. A más de ello, la discriminación que sufren no les permite acceder a educación ni fuentes de trabajo, por lo que la mayoría se ve obligada a ejercer el trabajo sexual como única opción.

Entretanto, Elba Núñez, de Cladem Paraguay, habló sobre la discriminación que sufren las mujeres en el ámbito laboral, que respecto a los hombres ganan el 30% menos por el mismo trabajo. Dijo que una de las situaciones más graves que se ha visibilizado en los últimos tiempos es el embarazo infantil forzado mencionando como caso paradigmático el de Mainumby, una  niña de 10 años que fue abusada por su padrastro y se la forzó a dar a luz en un embarazo que puso en riesgo su vida. Además de que la justicia no actuó en su momento ante la denuncia de la madre, esta luego fue encarcelada, lo que se sumó a las amenazas y hostigamientos de las organizaciones que reclamaron la interrupción del embarazo siendo acusadas de “promover la muerte”, refirió.

Como cierre de la jornada el secretario ejecutivo de la Codehupy, Óscar Ayala Amarilla, reflexionó que las distintas ponencias visibilizaron la situación de personas que tradicionalmente no son consideradas defensoras de derechos humanos, pero que además de que sí lo son también sufren ataques. Añadió que el país vive un proceso de vaciamiento democrático y perversión de las instituciones, que además de faltar a sus deberes de protección se constituyen en agentes activos de la vulneración de derechos. Como mensaje del encuentro destacó la necesidad de que las organizaciones, además de trabajar en sus propias agendas, asuman como suyas todas las luchas y trabajar de manera conjunta para que los derechos sean universales no solo en la declaración, sino en la práctica.