Dos de los miembros del Tribunal de Sentencia del caso Curuguaty, Ramón Trinidad Zelaya y Benito González, se excusaron esta mañana de atender en el juicio a Raquel alegando que ya emitieron opinión sobre la causa y remitieron el expediente a la coordinación de turno para la designación de un nuevo tribunal. El juicio se lleva a cabo en el salón auditorio del campus de la Universidad Nacional de Canindeyú (Unican), ubicado en la ciudad de Saltos del Guairá.

Trinidad Zelaya expresó que su decisión se fundamenta en que ya opinó sobre los hechos fácticos, pero no así con respecto a la conducta de la acusada, que es independiente. De todas maneras señala que desea evitar cualquier duda sobre el respeto al principio de imparcialidad.

La defensa, integrada por las abogadas Sonia Von Lepel y Mirta Moragas, había presentado recusación contra el tribunal, puesto que dos de sus miembros ya fallaron y valoraron las mismas pruebas que fueron presentadas en el juicio a los adultos, que resultaron condenados. Von Lepel sostuvo que este tribunal ya tiene una opinión formada y ninguna posibilidad de actuar bajo los principios de objetividad. Además, expresó que si bien el juez que se integra a la causa, Darío Godoy, es del fuero de la niñez y la adolescencia, los demás jueces no tienen especialización en el procedimiento penal adolescente.

La defensa sostiene que el proceso a la joven es totalmente nulo, pues según las reglas del proceso penal adolescente una persona es penalmente responsable “solo si” al momento de realizar el hecho tenía la capacidad de entender el alcance de sus actos y determinarse conforme a ese conocimiento, según el artículo 194 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que se aplica en este caso, pues al momento de los hechos Raquel era menor de edad. Esto solo puede ser determinado mediante un estudio sicológico, que nunca fue realizado.

La adolescente está acusada de invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio doloso en grado de complicidad. El fiscal Jalil Rachid la había acusado de, junto con las demás mujeres, haber hecho de “señuelo” con su hijo en brazos para supuestamente crear un ambiente de confianza en los más de 300 policías a fin de tomarlos desprevenidos y emboscarlos. La acusación fiscal basa su hipótesis en que, ante una supuesta señal dada por Villalba, la joven corrió poco antes de iniciarse el tiroteo.

El actual fiscal de la causa es Leonardi Guerrero, quien asumió la representación del Ministerio Público tras el nombramiento de Rachid como titular del Viceministerio de Seguridad Interna.