El pasado lunes 18 de julio se realizó la lectura final de la condena a los campesinos y campesinas que fueron procesados por la masacre de Curuguaty bajo cargos de homicidio doloso consumado y tentado, invasión de inmueble y asociación criminal. Un aspecto que no pasó desapercibido durante la lectura realizada en la explanada del Palacio de Justicia es que grandes pasajes de la sentencia parecían una reproducción casi textual de la acusación fiscal.
Respecto a este punto fue consultado uno de los integrantes del equipo defensor, Luis Lezcano Claude, quien en efecto observó que el Tribunal de Sentencia –integrado por Benito González, Samuel Silvero y presidido por Ramón Trinidad Zelaya– no realizó fundamentación alguna y se limitó a avalar las actuaciones del Ministerio Público.
“La sentencia es una copia de la presentación que hicieron los fiscales. Es decir, no hay ninguna fundamentación del Tribunal en cuanto a las penas que impone a los procesados. El Ministerio Público ha actuado como un agente de la clase latifundista y el Tribunal de Sentencia ha cumplido el papel meramente de preservar los privilegios de los latifundistas. Esperemos que esto sea revertido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en especial con los cuatro que han recibido la pena más alta”, afirmó Lezcano Claude.
Otro dato llamativo fue la insistencia del veredicto en atribuir la titularidad de la propiedad de las tierras de Marina Kue a la empresa Campos Morombí. Ello a pesar de que todas las documentaciones señalan que se trata de un inmueble público, pero que a través de un cuestionado movimiento en el Congreso se aceptó como “donación” para una reserva ecológica.
“Es una cuestión de capricho existiendo documentaciones que prueban que se trata de un inmueble del Estado que fue destinado para los fines de la reforma agraria. El recurso de usucapión de la familia Riquelme fue un recurso fraguado. La duración de seis meses para beneficiar a la familia Riquelme muestra los entretelones que hubo en el mismo”, añadió.
El veredicto insiste en la tesis de la emboscada y en que los policías ingresaron con “fines pacíficos” para dialogar y que fueron recibidos en posición hostil por los ocupantes, que supuestamente estaban encapuchados y gritaban consignas enalteciendo la figura del Mariscal López. Con respecto a la muerte de los campesinos, dice que los policías respondieron a un ataque inicial para defenderse, aunque según la instrucción del jefe del operativo, Erven Lovera, la estrategia era ir a atropellar directamente, tal como quedó registrado en un video grabado momentos antes de la incursión.
La sentencia también sostiene que el acta de conformación de la Comisión Vecinal Naranjaty es un indicio de asociación criminal y que en el cuaderno incautado en el campamento se halló una lista de personas con los aportes en dinero, compras y un supuesto sistema de guardia y de relevo por turnos. Agrega que la organización estaba jerárquicamente organizada con Rubén Villalba como líder y Néstor Castro como presidente, quienes recibieron las penas más altas, de 35 y 20 años de cárcel respectivamente. Entre los fines ilícitos atribuidos a la organización menciona que se realizaron gestiones ante el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) para ser adjudicados con las tierras propiedad de Campos Morombí, insiste el veredicto del Tribunal.
