A tempranas horas de esta mañana los medios de prensa han publicado que, en Colonia Guahory – Tembiaporã se encuentran unos 400 uniformados para realizar el desalojo de un grupo de personas, quienes ocupan 100 hectáreas de tierras.
A propósito de ésta situación, compartimos algunas recomendaciones dirigidas al Estado paraguayo proveniente del Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación acerca de su misión al Paraguay del 2016.
En el párrafo 40, el informe expresa: A la Relatora Especial le preocupa que sigan teniendo lugar desalojos forzosos de comunidades campesinas y comunidades indígenas en diferentes partes del país. En la mayoría de los casos, estos desalojos se ejecutan con el uso de violencia por parte de seguridad estatal o privada. Durante la misión se ha señalado a la atención de la Relatora Especial ejemplos de casos como la situación de Colonia Guahory, una colonia estatal reservada para beneficiar a las familias campesinas sin tierra, ubicada en el distrito de Tembiaporã del departamento de Caaguazú, y el caso de 15 familias indígenas Avá Guaraní que fueron desalojadas de una finca en Minga Porã, departamento de Alto Paraná.
En el párrafo 42 menciona que: Cuando una comunidad se ha asentado en una parcela de tierra y depende de esa tierra para su sustento, la obligación de respetar el derecho a la alimentación requiere que el desalojo de la comunidad de esa tierra esté prohibido a menos que se cumplan ciertas condiciones. No debe producirse ningún desalojo que no cumpla con los criterios establecidos por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Derechos Culturales en su observación general núm.7 (1997) sobre el derecho a una vivienda adecuada, ni en los Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo. Estas directrices constituyen una herramienta práctica para ayudar a los Estados y los organismos a elaborar políticas, legislación, procedimientos y medidas preventivas para garantizar que no se produzcan desalojos forzosos, para la prevención de la violencia, y para proporcionar reparaciones efectivas a las personas cuyos derechos humanos han sido violados.
Por último citamos el párrafo 43: La falta de resolución de las situaciones jurídicas lleva a conflictos sociales e incluso a episodios de violencia. La situación de Marina Kue, Curuguaty, en el departamento de Canindeyú, es un ejemplo particularmente ilustrativo. Le informaron a la Relatora Especial que en este caso un conflicto no resuelto sobre acceso a la tierra condujo a un desalojo forzoso en 2012, durante el cual 6 miembros de la Policía y 11 miembros de la comunidad perdieron sus vidas. La situación legal de las tierras en este caso sigue sin resolución; la Relatora Especial insta a que se tomen medidas para resolver este y otros casos a fin de evitar potenciales tragedias futuras en el contexto de los reclamos de tierras.
Guahory, a pesar de ser una colonia estatal reservada para beneficiar a las familias campesinas sin tierra desde inicios de la década de 1980, viene sufriendo desalojos tras desalojos, quemando viviendas, escuelas, cultivos, y demás, hiriendo a niños y mujeres tras la violencia ejercida por los uniformados.
Codehupy en su Informe 2017 sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay, entre algunas de sus recomendaciones, exige al Estado, solicitar a la Defensoría del Pueblo la conformación de una Mesa de Trabajo para la elaboración de un mecanismo eficaz que prevenga y prohíba los desalojos forzosos, de personas campesinas e indígenas en los conflictos de tierra, en cumplimiento de las recomendaciones al Estado paraguayo efectuadas por la Relatora Especial sobre el Derecho a la Alimentación de las Naciones Unidas 2017.
