La Justicia paraguaya, entre la corrupción y la instrumentación de procesos para criminalizar luchadores sociales

 En 2017 la prensa de Paraguay filtró unos 200 audios que confirmaron un esquema de injerencia política en la definición de fallos judiciales, donde estaban involucrados miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), abogados, fiscales y jueces.

Este es el mismo sistema judicial que en estos momentos, a pedido de la fiscal general, Sandra Quiñónez,  abrió juicios a jueces del Tribunal de Casación que en julio pasado anularon las sentencias del caso Curuguaty y excarcelaron a los campesinos condenados, luego de declarar que no encontraron asidero jurídico para confirmar las condenas.

En causas como la de Curuguaty, este esquema de injerencia política interviene para construir una “verdad” jurídica funcional a los poderes fácticos, pero también  para sancionar y disciplinar ejemplarmente a aquellos jueces que comprometen el orden jurídico y político con sus fallos.

La instrumentación política de procesos judiciales, la falta de imparcialidad y la corrupción forman parte de las principales causas de violación sistemática del debido proceso y los derechos humanos, lo que compromete la misma democracia, expresó en su momento la Coordinadora de Derechos humanos del Paraguay (CODEHUPY) sobre esta realidad.  [1]

Junto con el de Curuguaty, hay otros dos procesos judiciales en Paraguay que ilustran esta realidad: el de los 14 campesinos acusados de colaborar con el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en el secuestro del ganadero Luis Lindstron  y el de los 6 campesinos acusados de decidir la muerte de Cecilia Cubas durante su cautiverio.

En los tres casos, el trabajo del Ministerio Público fue nulo en demostrar a través de los procedimientos legales establecidos la gravedad de las acusaciones que previamente instaló mediáticamente. Pero la Justicia igual terminó, a través de procesos viciados e ilegales, condenando a las personas acusadas a pesar de no haberse quebrado el estado de inocencia de las mismas.

Los 14

En 2010 unos 14 campesinos y campesinas del departamento de Concepción, incluyendo históricos defensores de derechos, fueron detenidos y acusados de colaborar con el EPP en el secuestro de Lindstron.

El proceso investigativo y judicial estuvo encabezado por la actual fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez que, junto con sus colegas y otros actores judiciales, vulneró varias garantías jurídicas de los /las acusados, como la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el derecho de ser juzgado por jueces imparciales o el no ser obligado a declararse culpable.

Un despliegue de seguridad pocas veces visto en el país trasladó a los/las acusados hasta dependencias policiales, donde fueron exhibidos ante los medios masivos de información, con lo que automáticamente se convirtieron en culpables ante la opinión pública.

En el proceso judicial el Ministerio Público presentó una acusación compuesta por clichés discursivos con tono de ataque ideológico; en la parte probatoria se caracterizó por una presentación vaga y genérica, sin señalar qué conducta penal habían cometido las personas acusadas, ni qué conductas probaban las supuestas evidencias que presentó, entre las que se encontraban hasta mazorcas de maíz, películas del comediante mexicano Cantinflas, revistas sobre realidad social…

Ante este trabajo deficiente e inconsecuente, el  juez de garantías Gustavo Bonzi sobreseyó a los 14, al no encontrar una sola prueba que los inculpe y justifique elevar la causa a juicio oral.

El Ministerio Público apeló la decisión de este juez, pero no esperó que su acción corra su curso natural, sino activó resortes políticos.

Antes que el Tribunal de Apelaciones se declare sobre el fallo de Bonzi, el JEM y la Corte Suprema de Justicia sancionaron al juez suspendiéndolo sin goce de sueldo y luego destituyéndolo, condicionando de esta manera la decisión del Tribunal de Apelaciones, que efectivamente luego rechazó el fallo de Bonzi, sentando un precedente nefasto contra la independencia de jueces.

“Ningún magistrado tiene las garantías de que va a ser respetada su opinión, de que se va a respetar la verdad, ya que su estadía como juez depende totalmente de los políticos. Y ahí el tema ya está perdido. Porque vos hacés esto y estás contra un interés político”, evaluó años después el ex magistrado durante una entrevista.  [2]

Después el Ministerio Público encontró otros jueces a su medida, que siguieron con el proceso. Pero, irónicamente, benefició con procedimientos abreviados y dejó libres a quienes, desde un principio, presentó como peligrosos terroristas, luego de forzarles a declararse culpables.

Los 6

Los seis campesinos fueron utilizados como chivos expiatorios ante la ansiedad del Estado paraguayo por mostrar resultados en la lucha contra bandas delictivas como el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), y de paso reprimir y desarticular al movimiento social de Paraguay.

Fueron condenados a 25 años de cárcel más 10 años de medidas de seguridad por “secuestro, homicidio doloso y asociación criminal”, porque según el Ministerio Público, en su condición de dirigentes del Partido Patria Libre, participaron de una reunión donde  se tomó la decisión de asesinar a la joven Cecilia Cubas, secuestrada en setiembre de 2004 y ejecutada en 2005.

Esta acusación, sobre la cual pesaba un alto poder punitivo del Estado, se basó únicamente en el testimonio endeble, cambiante y contradictorio de un informante policial pagado, que primero dijo que en la mencionada reunión se comunicó la muerte de Cecilia Cubas, pero en segundo momento dijo que en la reunión se decidió la muerte de Cecilia Cubas, contrariando la declaración de todas las demás personas que participaron en ella, que afirmaron que jamás en esa reunión ni tan siquiera se habló del tema, sino que exclusivamente se trataron la planificación anual partidaria para el 2005 y las articulaciones con organizaciones rurales.

Tratando de lograr su objetivo, el Ministerio Público, encabezado por la actual fiscal general, Sandra Quiñónez, y otros actores judiciales, al igual que en el caso de los 14, violaron la mayoría de las garantías judiciales y derechos de los acusados.

El Estado paraguayo violó el derecho de los acusados de ser oídos en plazo razonable; de ser oídos por tribunales imparciales e independientes; de contar con el suficiente tiempo para la preparación de su defensa y la posibilidad de presentar evidencias y violó la presunción de inocencia de los campesinos.

Además violó el principio de legalidad y retroactividad; el principio de circulación y residencia; el derecho a la protección judicial; el derecho a la libertad personal; el derecho a la integridad personal y familiar; el derecho a la libertad de pensamiento y expresión y el derecho a la igualdad ante la ley.

A modo de ejemplo, a la fecha del inicio del juicio oral de la causa, febrero de 2012, los acusados ya llevaban más de cinco años en prisión preventiva, lo que sobrepasaba el plazo máximo permitido por ley, y además sobrepasaba el tiempo máximo de duración de un proceso judicial.

Frente a estas dos irregularidades la defensa de los campesinos pidió la libertad y la extinción de la causa, pero los tribunales que atendieron la causa profundizaron las violaciones y los vicios del proceso, cuando forzaron interpretaciones de las leyes, obligando a permanecer en la cárcel ilegal e irregularmente a los campesinos.

El Ministerio Público y la querella, violaron todas sus garantías, falsearon testimonios, impidieron su defensa, y estigmatizaron su militancia política, inventando evidencias, amenazando a jueces y forzando el proceso como para mostrarlos como culpables de un crimen que no cometieron.

“¿Y si éramos los responsables, por qué no se nos juzgó y condenó conforme a derecho?”, se preguntaba uno de los 6 campesinos.

Los seis campesinos luchadores sociales, acompañados por la CODEHUPY, presentaron su caso en agosto pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que lo admitió y actualmente lo estudia.

[1] https://codehupy.org.py/la-corrupcion-judicial-es-un-arma-letal-que-atenta-contra-la-democracia/

[2] http://www.baseis.org.py/%C2%93la-presion-mediatica-y-politica-en-este-caso-no-le-da-ninguna-garantia-a-los-procesados%C2%94/