En conflictos territoriales entre comunidades indígenas y sectores agroexportadores, el Estado paraguayo desconoció el marco jurídico local e internacional que rige cuando se trata de territorios ancestrales indígenas.
Con esto alentó la expansión del circuito sojero sobre tierras indígenas, que se dio a través de amedrentamientos, desalojos y desahucios irregulares, amenazas de muerte, secuestro y aparentemente un asesinato, que vulneran aún más a la población más discriminada y excluida del país.
Con esto Paraguay se expone a acrecentar su condición de Estado responsable de ilícitos internacionales al no garantizar los derechos de comunidades indígenas, lo que en el pasado ya le costó tres sentencias internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a partir de denuncias de las comunidades chaqueñas Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek.
De hecho, Paraguay sigue sin cumplir la mayoría de las medidas de reparación dictadas por dichas sentencias ya en 2005, 2006 y 2010, algunas de las cuales estaban dirigidas a que, justamente, el Estado cuente con mecanismos legislativos y estrategias para resolver conflictos territoriales indígenas, como la creación de un sistema eficaz de reclamación de tierras ancestrales o tradicionales para garantizar el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas. [1]
Esto presenta el artículo “Resulta imperativo revertir el patrón de muerte y amedrentamiento como respuesta a las reivindicaciones territoriales” del informe Derechos Humanos Paraguay 2018, publicado por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY).
El material fue escrito por Mario Barrios Cáceres y hace una evaluación de la situación de los derechos territoriales, políticos, culturales, económicos y jurídicos de los indígenas durante 2018.
En 2018 la expansión sojera impactó con mayor fuerza sobre las comunidades de Makutinga, Tekoha Sauce, Itakyry, Jetyty Mirî y Tacuara’i, todas ellas ubicadas en la frontera con el Brasil o Argentina en el caso de Makutinga, territorio de actuación de poderes fácticos ligados al agronegocio.
En Tacuara’i la situación llegó a extremos debido a que el Estado no actuó ante a denuncias de retención ilegal de una mujer indígena por parte de guardias de la estancia con la cual mantenían el conflicto.
Esto obligó a jóvenes de la comunidad a adentrarse a la estancia y tratar de rescatar a su compañera por cuenta propia, situación que habría terminado en la ejecución del joven indígena Isidoro Barrios (27), desaparecido desde el 16 de setiembre de 2018.
El material recoge, además, un caso de destrucción de objetos ceremoniales mbya guaraní por parte de un pastor evangélico, que fue imputado por el Ministerio Público; la sanción de un proyecto de ley que obliga a instituciones estatales a que al menos el 1% de sus funcionarios pertenezca a comunidades indígenas.
También la condena ejemplar contra Rubén Quesnel, ex titular del Instituto del Indígena (INDI), por desviar Gs. 3.125 millones que justamente debían ser destinadas a medidas de reparación de las sentencias internacional de la Corte IDH; y la falta de aplicación de los procedimientos especiales establecidos a la hora de juzgar delitos cometidos por indígenas, como el caso de Liz Carolina Rojas.
En contrapartida, el artículo señala como positivo una mayor participación de indígenas durante las elecciones presidenciales de 2018, donde presentaron candidaturas para el Congreso y Gobernaciones, y donde obtuvieron más votos que políticos tradicionales; también a través de exigencias de rendiciones de cuentas a varios municipios y gobernaciones del Chaco.
[1] En la sentencia de la Corte IDH contra Paraguay en 2010, a favor de la comunidad Xámok Kásek del Chaco, una de las resoluciones establece: “El Estado deberá, en el plazo de dos años a partir de la notificación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, adoptar en su derecho interno las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter que sean necesarias para crear un sistema eficaz de reclamación de tierras ancestrales o tradicionales de los pueblos indígenas que posibilite la concreción de su derecho de propiedad”.
Podes leer el artículo completo sobre Derechos de los Pueblos Indígenas del Informe Anual sobre los Derechos Humanos en Paraguay 2018, ingresando a este link:
