Hace poco más de una década Ramón Giménez -dirigente social de Tava’i, Caazapá- fue condenado por manifestarse con miembros de su comunidad para defender el Hospital distrital con el que contaban entonces; esta semana, él y miembros de la Coordinadora Multisectorial de Tava’i se movilizaron nuevamente, para reclamar al Gobierno asistencia sanitaria, esta vez en el contexto de la pandemia del coronavirus.
“Los técnicos, doctores y licenciadas de nuestra zona no saben qué hacer y hasta ahora se está sobreviviendo con campañas de solidaridad y con aportes de los fondos genuinos del Municipio, no hay absolutamente nada fuera de esto, por eso también reclamamos urgente asistencia a Hospitales y USF, por lo menos equipamiento necesario para enfrentar esta enfermedad”, describe Giménez.
“Tava’i es un distrito que tiene 23mil habitantes, unas 6000 familias, 600 de ellas indígenas; ninguna de las 6000 familias recibieron ningún tipo de apoyo, ni en víveres ni de los programas Ñepytyvo ni Ñangareko, por eso exigimos y pedimos de forma urgente al Gobierno que se cumpla la cuarentena, ya que no nos entregan recursos que por lo menos nos hagan llegar los víveres y los repartan a cada una de las familias porque hay zonas lejanas, en las que realmente ya están necesitando con suma urgencia” puntualizó el dirigente y agregó que “las comunidades indígenas, por más de que se diga que tienen respaldo del INDI, hasta el momento no recibió ni un paquete de harina; lo único que pudimos hacerles llegar fue a través de las ollas populares y de las campañas solidarias”.
Otro reclamo realizado por las y los pobladores de Tava’i en la manifestación, fue el cumplimiento de la cuarentena por parte del personal encargado de la construcción de la ruta que unirá San Juan Nepomuceno con Ruta VI.
Tras la movilización mantuvieron una reunión con un representante del Ministerio del Trabajo, autoridades municipales y personal sanitario local; acordaron que los funcionarios que retornaron tras haber viajado durante la semana santa cumplirán la cuarentena en sus respectivos campamentos de base, mientras aquellos que no volvieron, permanecerán en sus ciudades.
Ramón Giménez fue procesado en el 2008, por invasión de inmueble ajeno, tras haber instalado un campamento con otras personas en la entrada del ex hospital distrital intentando evitar que lo demolieran. En el 2009 fue condenado a 2 años, con suspensión condicional de la condena, con una serie de medidas impuestas entre las que se encontraban la prohibición de asistir a reuniones de más de tres personas. Su caso, presentado en el 2013 por CODEHUPY y Base Is, obtuvo una resolución favorable de Naciones Unidas, a través de su Comité de Derechos Humanos, que encontró responsable al Estado Paraguayo por la violación del derecho a la reunión pacífica, resolución que fue notificada en el 2018, y que se halla pendiente de cumplimiento.
