Si la inversión en salud es insuficiente, se debe a la falta de voluntad de las clases dirigentes
El nuevo coronavirus (COVID-19) sorprendió a Paraguay con un sistema de salud colapsado, marcado por una histórica inversión insuficiente. Frente a esta realidad las clases políticas dirigentes del país se lavaban las manos amparándose en “la incapacidad financiera del Estado”.
Con ese mismo fundamento, el gobierno de Horacio Cartes empujaba una reforma privatista del sistema de salud, plan que siguió gestándose con Mario Abdo, hasta justo antes de la pandemia. Ésta dejó al descubierto que la inversión en salud depende en gran exclusivamente de la voluntad de las dirigencias políticas del país.
En solo 48 horas, promulgó una ley que destinaba US$ 530 millones a medidas sanitarias, la construcción de dos hospitales en solo semanas y la habilitación de 200 camas equipadas. “Si algo nos demuestra la pandemia es que cuando se necesitan los recursos, aparecen”, dijo Mariluz Martín, investigadora de las políticas públicas en salud.
La autora escribió el artículo “Salud, un camino hacia la mercantilización”, uno de los 43 artículos del Informe Derechos Humanos Paraguay 2019, publicado en diciembre último por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY).
En él analiza cómo los dirigentes políticos de Paraguay estuvieron conduciendo al sistema de salud a un desfinanciamiento progresivo durante los últimos años, a través de decisiones como la de mantener un sistema tributario basado en la desigualdad, que privilegia a ciertos sectores de mayor renta.
Este desfinanciamiento, sumado a la sensación de malestar de la población hacia la atención, configuran el contexto donde el Banco Mundial, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud Pública promueven la mencionada reforma. La misma se caracteriza por restarle fuerza al paradigma de la salud como derecho, para dar cabida a valores del mercado y al sector empresarial.
Martín describe que este nuevo modelo descansaría sobre planes de salud con cobertura para enfermedades y poblaciones pre-establecidas… “y lo que no está cubierto en el paquete hay que pagarlo aparte, como en las empresas de medicina prepaga”, porque parte de los servicios serían proveídos por las empresas privadas, para lo cual recibirían subsidio del Estado.
Los países donde se viene aplicando este modelo de prestación público-privada de salud, además de socavar el derecho a la salud de su población (gratuita, universal y para todas las personas sin distinción), son los que más dificultades han tenido en el contexto actual para hacer frente al COVID-19, y están pidiendo de vuelta el fortalecimiento de lo público, analizó la investigadora.
La autora señala la necesidad de frenar esta reforma privatizadora y que, en contrapartida, el Estado cumpla con sus obligaciones de “crear las condiciones para construir un sistema de salud público, universal, único, integral y gratuito que garantice el derecho a la salud, la eliminación de las inequidades sanitarias, la eliminación de las barreras de acceso y alcance de la cobertura universal, a través de una verdadera participación protagónica de la sociedad”.
En este sentido, la pandemia del COVID19 puede convertirse en una oportunidad para que el sistema de salud de las paraguayas y paraguayos salga fortalecido, en favor de sus derechos.
MÁS SOBRE EL DERECHO A LA SALUD
El artículo “Salud, un camino hacia la mercantilización” destaca, además, otros acontecimientos que en 2019 afectaron al derecho analizado: la promulgación del decreto ley 2.162/19 que promociona la donación de órganos en el país, de las leyes 6.266/18, 6.280/19 y 6.211/19 relacionadas al tratamiento o prevención de cánceres; el equipamiento de 40 nuevas Unidades Familiares de Salud (USF) y el incumplimiento estatal en torno a un protocolo de denuncia/atención para casos de violencia obstétrica.
En este enlace puede descargar el artículo completo
Para más información:
Mariluz Martín 0981-999035, Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva (ALAMES)
Asunción, junio 2 de 2020
