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Familias campesinas del asentamiento Rosarino, ubicado en el distrito de Maracaná, departamento de Canindeyú, denuncian que fueron atacados por civiles armados contratados por particulares que alegan ser propietarios de la tierra y cuya legitimidad ellos cuestionan. Además, la Policía los amenaza con un desalojo violento.

Desde el pasado sábado 9 de enero iniciaron los disparos intimidatorios contra la comunidad y las personas se refugiaron en un pequeño bosque que está cerca, así como en medio de las plantaciones que tienen en el lugar, según denunció Celino Salinas, dirigente de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT) de Canindeyú.

La denuncia sobre esta situación fue presentada formalmente por miembros de la comunidad el día de ayer, en la comisaría de Maracaná, sin embargo en lugar de recibir auxilio, la situación empeoró en la mañana de este miércoles 13 de enero cuando al intentar salir de la comunidad, fueron interceptados nuevamente por estas personas que portaban armas de grueso calibre y según el dirigente, dispararon contra el vehículo en el que se movilizaban.

“Gracias a Dios nadie salió herido hasta ahora”, señaló. A los ataques de civiles armados se sumó la incursión de un pelotón de aproximadamente treinta policías que ingresaron a la comunidad y pretenden desalojar a las familias a la fuerza, explicó.

“Acá la ocupación comenzó en 2008 (…) hay 120 hectáreas cultivadas ya y por eso la gente también mezquina, entonces no van a salir”, describió. Salinas afirmó que el supuesto dueño es una persona de nacionalidad alemana, que ahora pretende vender las tierras a un supuesto narcotraficante.               Dijo asimismo que las autoridades de la zona actúan en complicidad con la mafia local.

Desde Codehupy observamos con preocupación este evento, que tiene características similares a otros sucesos ocurridos en el mismo departamento y que en algunos casos han costado la vida de paraguayos, que buscan acceder al derecho a la tierra, medio que les permite la alimentación y una vida digna.

Instamos a las autoridades a investigar las denuncias sobre civiles armados, figura que viene apareciendo desde hace años, y cada vez más frecuente, a la hora de avasallar a campesinos, campesinas y sus hijos e hijas.

 

Rosarino – Canindeyú.