La República se debate indefensa en medio de una crisis política de importantes proporciones, como resultado de la incapacidad gubernamental para garantizar mínimamente la protección de la sociedad ante la pandemia.
La respuesta dada a los reclamos ciudadanos, sobre el juicio político al presidente y vicepresidente de la República se ha centrado en una puja facciosa de poder político en lugar de propiciar el análisis exhaustivo de graves acusaciones que se han señalado en los últimos meses. Por otra parte, se ha dado la clausura de la protesta social mediante el uso abusivo de la fuerza pública, denuncias de tortura y la detención arbitraria de una treintena de personas. Esta situación preocupa y denota la violencia institucional como única respuesta estatal a la crisis que se va generalizando en el país y que afecta los derechos humanos en sus más diversos ámbitos.
Y entre tanto, cuando ayer la atención de la opinión pública se centraba, como corresponde a una ciudadanía activa, en el debate parlamentario, en el Departamento de Caaguazú, civiles armados atacaban y arrasaban impunemente con indígenas Mbya Guaraní de la Comunidad Loma Piroy, quemando sus casas y dejando severas heridas a por lo menos 9 personas. A la situación señalada, siguió la omisión de auxilio de los heridos y la falta de atención en los hospitales de los mismos, mientras la policía y la fiscalía eludían recibir las denuncias y asistir a las víctimas.
Esta situación es representativa de la estrategia de apropiación y acaparamiento de tierras impulsada por el emporio sojero. Éste se podría estar valiendo de guardias civiles armados para atropellar y expulsar de sus tierras a las comunidades indígenas con la complicidad de agentes de un Estado ausente que de esta forma desconoce cada uno de los derechos que amparan a las comunidades indígenas.
A raíz de estos graves hechos, que evidencian violencia institucional, omisión de auxilio, discriminación en el acceso a la justicia, en particular de los indígenas, y la creciente erosión de la institucionalidad republicana para la protección de los derechos humanos, la Codehupy pondrá en conocimiento de los principales organismos internacionales de la ONU y la OEA las evidencias con que cuenta sobre la grave situación que atraviesa el Paraguay, al tiempo de exigir una exhaustiva investigación de lo sucedido en la Comunidad Indígena Loma Piroy, y la inmediata atención y protección de las familias Mbya Guaraní que habitan el lugar.
Asunción, marzo 18 de 2021
Coordinación de Turno: Sebastián Cabral, Fundación Vencer; Néstor Vera, Sunú; e, Inés Franceschelli, Heñoi. Secretario Ejecutivo: Oscar Ayala Amarilla.