Alberto Iturbe González, junto con su hermano Ramón, mantuvieron una audiencia este martes con el secretario ejecutivo de la Codehupy, Óscar Ayala Amarilla, para analizar posibles medidas reparatorias que podrían plantearse al Estado a raíz de haber permanecido preso por tres años y seis meses por un crimen que no cometió.

Iturbe pertenece a la comunidad avá-guaraní Itanarãmi de Villa Ygatimí, departamento de Canindeyú. Refirió que fue detenido y recluido como supuesto cómplice del asesinato de su padre, ocurrido el 13 de julio de 2013, pero sin haber tenido participación alguna en el hecho. Fue liberado el pasado 25 de octubre luego de estar recluido en la cárcel de Coronel Oviedo por tres años y seis meses.

Durante el juicio fue absuelto sin culpa y pena luego de que el autor del hecho haya declarado que cometió el asesinato durante una riña y que Iturbe no tuvo ninguna intervención en el episodio ni fue responsable de encargar el asesinato. El fallecido tenía algunos problemas familiares, por lo que en principio se pensó que sus hijos podían tener alguna responsabilidad en el crimen.

En la causa resultó condenado Dionicio Benítez a pena privativa de libertad de cinco años. Asimismo, resultó absuelto de culpa y pena Alberto Iturbe González “con la expresa aclaración de que la causa no afecta el buen nombre y honorabilidad”, por lo que se ordena la inmediata libertad del mismo, según la resolución firmada por la actuaria judicial de Salto del Guairá, María Magdalena Brítez.

Iturbe, en compañía de su hermano, llegaron a Asunción para agradecer la intervención de la Codehupy y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), que realizaron una visita e inspección a la cárcel de Coronel Oviedo para verificar las condiciones de reclusión de los internos y mantuvieron una entrevista especial con los indígenas.

Algunas de las quejas y reclamos presentados por los nativos son los problemas de alimentación, que incluso está por debajo de la población penal en general, paceden falta de colchones y reciben menos atención de los defensores públicos. Por ello piden mejor acceso a autoridades políticas y religiosas de sus pueblos y lamentan que el derecho y la autonomía indígena sean violados en los procesos penales. Asimismo, esperan que se siga realizando un seguimiento regular de lo que ocurre en las cárceles de parte de instituciones como la Codehupy y el MNP.