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Días atrás hemos sido testigos de un intento de agresión a la activista por los derechos de las personas trans, Yren Rotela, quien además es secretaria de la organización Panambí, que forma parta de la Coordinadora de los Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).

Mediante un video compartido en su perfil de la red social Facebook, Rotela relató que mientras caminaba desde la peluquería hasta su vehículo particular, estacionado a dos cuadras, un grupo de personas comenzó a amedrentarla.
“No puedo creer que yo tenga que que estar corriendo como si fuera una delincuente o como si fuera que estoy haciendo algo malo, tuve que correr hasta mi vehículo para que no me agredan unas personas”, señaló.
Responsabilizó de todo que está pasando y de lo que pueda pasar a un grupo de “fundamentalistas que quiere instalar y que sigue instalando odio”, dijo refiriéndose a las personas que apoyan las organizaciones pro vida.
“De dónde sacaron que se les va a enseñar nada. Ustedes, evidentemente, padres, tienen que enseñar valores y por sobre todas las cosas respeto a sus hijos. Nosotras las trans, las personas del LGBTI no estamos pidiendo nada que sea de otro mundo, estamos pidiendo lo que ustedes tienen: derechos”, expresó.
“Me gritaron de todo, cosas irreproducibles, acá no se enseña a ser gay, trans, lesbiana; se enseña respeto, amor, valores”, agregó.
Coincidentemente, el pasado mes de agosto, las trans se manifestaban frente a la sede del Poder Judicial pidiendo justicia en el caso del asesinato de Andrea González, hecho sucedido en Ciudad del Este y cuyo autor fue beneficiado con la prisión domicilaria en una clara muestra que la Justicia paraguaya no está interesada en investigar y mucho menos esclarecer los casos de violentas muertes de transexuales. Como prueba de ello, desde el año 1989 alrededor de 60 crímenes contra personas trans quedaron en la más absoluta impunidad.