Sonia, Celina, Graciela y Mariela son mujeres campesinas, luchadoras, madres de familia, hijas, sobrinas, nietas, conscientes de su rol como defensoras del ambiente. Ellas junto con numerosas personas de la comunidad “Mariscal López”, distrito de Capiibary Dpto. de San Pedro, se opusieron a la fumigación con agrotóxicos sobre su comunidad, por este motivo el Ministerio Público las criminaliza.

“Nuestra lucha consistió en unirnos todas las personas de la comunidad y apoyarnos para exigir que se cumplan los reglamentos que existen a favor del derecho a un ambiente sano, cosa que nunca se cumplió en ningún momento, lo único que hicieron fue imputarnos y hacer que abandonáramos nuestros hogares” dijo Celina Aguilar, madre de familia de 44 años de edad, en una entrevista para CODEHUPY.

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay asumió la defensa técnica de Sonia, Celina, Graciela y Mariela. Ellas fueron criminalizadas por protestar contra las fumigaciones con agrotóxicos que se realizan en plantaciones de soja que se encuentran a escasos metros del centro de salud e institución educativa de la comunidad y que ha generado la contaminación de cauces hídricos, del ambiente y consecuentemente enfermedades a las personas de la zona y de sus animales.

Mariela López de 24 años de edad, se enteró de la imputación en octubre del año pasado. “En mi caso, la plantación está frente a mi casa, yo vivo con mi mamá, ella es una señora ya grande, no está tan sana, por eso le tengo que cuidar” expresó Mariela para CODEHUPY.

En Capiibary no solo se han violado leyes ambientales y generado conflictos sociales, también se ha conculcado el derecho que tienen las personas a reunirse libremente. La Constitución del Paraguay en su artículo 32 de la Libertad de reunión y manifestación pacífica expresa; que las personas tienen derecho a reunirse y a manifestarse, sin armas y con fines lícitos, sin necesidad de permiso, así como el derecho a no ser obligadas a participar de tales actos. Cabe recordar, que el Paraguay ya fue encontrado responsable internacionalmente, en el 2018, por violar este mismo derecho a un dirigente social campesino de otra zona del país, por lo que estamos ante una práctica sistemática por parte del sistema de justicia.

Los pobladores y pobladoras vienen denunciando esta grave situación desde hace cinco años, ya que no es nueva la problemática ambiental que viven en Capiibary.  A lo largo de este tiempo, se han movilizado, se han manifestado, recurrieron a autoridades, recaudaron firmas, presentaron sus denuncias ante la fiscalía del medio ambiente, pero nada de esto ha sido suficiente para encontrar una solución. El Ministerio Público lejos de  procesar a las personas que violan las normativas ambientales, imputa y criminaliza a los defensores y defensoras quienes exigen  que el Estado les garantice su derecho a un ambiente sano.

Desde el año 2017 Capiibary cuenta con una resolución municipal que prohíbe  la fumigación con agrotóxicos y protege la agricultura familiar campesina; esto se logró gracias a la lucha realizada por los pobladores y las pobladoras, sin embargo, dicha normativa   no es  respetada por los promotores del agronegocio que pretenden avanzar sobre los territorios campesinos al costo que sea.

La criminalización campesina es una constante cuando se trata de defender la tierra, un total de 38 personas entre hombres y mujeres fueron imputados por él Fiscal Carlos Gustavo Chamorro, de la Fiscalía de Yhú, quien alega con acusaciones genéricas que los mismo cometieron varios delitos y crímenes como homicidio doloso en grado de tentativa, robo agravado, coacción, coacción grave, privación de libertad, producción de riesgos comunes, violación a la Ley N° 4036/2010 (portación de arma de fuego), y ha requerido la medida cautelar de prisión preventiva para ellas (las defensoras), pese a que las mismas cuentan con niños en edad escolar, y una de ellas se encuentra amamantando.

Antecedentes

Según el estudio sobre problemas ambientales elaborado por la Alianza por el cumplimiento local de leyes ambientales la presencia de cultivos extensivos y bosques en el distrito de Capiibary a través de imágenes satelitales actualizadas, muestra que los cultivos extensivos, principalmente de soja, ocupan 16.405 Has. mientras que los bosques se han reducido a 11.457 Has. Es decir, entre los años 2015 y 2018 se habrían perdido unas 7 mil hectáreas de bosques, más de dos mil hectáreas por año.

Los asentamientos que más están sufriendo la sojización y contaminación del ambiente son las 2da, 4ta, 5ta y 6ta Línea de la comunidad Mariscal López que está dividida en 17 comunidades campesinas en el distrito de Capiibary, límite con el distrito de Yhú (departamento de Caaguazú). En una ocasión la fiscalía ya verificó que se están violando las leyes ambientales pero no hizo nada a favor a los pobladores y pobladoras.

Con el avance del agronegocio y fumigaciones sin el cumplimiento de las normativas ni monitoreo de parte de las autoridades, se generan daños sociales y ambientales. La misma cultura campesina se encuentra en total desamparo y bajo el riesgo de no poder alcanzar el sustento de las familias y de la comunidad. Es así que esta situación está obligando a muchas familias a desplazarse y abandonar sus hogares como medida de protección para sus hijos e hijas; a lo que suman el temor a las represalias por reclamar protección.

Campaña “Se trata de vida o muerte”

Esta iniciativa busca visibilizar la realidad socioambiental que enfrenta la comunidad de Mariscal López del distrito de Capiibary desde hace 5 años. La población cansada de sufrir las violaciones ambientales generada por el avance del agronegocio, en el intento de ejercer su derecho a la manifestación y a la protesta para vivir en un ambiente sano, se encontró con la violencia institucional que la criminaliza y la somete a persecución.

Por eso, hablar de este caso es hablar de la vida de las mujeres defensoras del ambiente de Capiibary quienes viven estas realidades en sus comunidades.

Para más información: Abg. Sonia Von Lepel, +595 991 450 481