Un dictamen del Comité de Derechos humanos de las Naciones Unidas obliga al Estado a reabrir la investigación, esclarecer los hechos y castigar a responsables.

El 3 de junio de 2003 alrededor de mil productores de hierbas medicinales ejercían su derecho a la protesta en la ciudad de Santa Rosa del Aguaray, a 350 kilómetros de Asunción, frente al incumplimiento estatal en el pago del subsidio al sector.

Mientras los dirigentes campesinos conversaban con el fiscal penal de la región, éste ordenó a cerca de 300 policías y 30 militares que repriman a manifestantes y despejen la ruta.

La represión cayó sin advertencia previa sobre los agricultores a través de gases lacrimógenos, carros hidrantes, cachiporrazos y disparos de armas de fuego, incluso contra aquellos manifestantes que huían o ya se daban por detenidos.

En este contexto de uso desproporcionado de la fuerza fue ejecutado por policías el dirigente campesino Eulalio Blanco, fueron heridos por armas de fuego otros 16 campesinos y detenidos selectivamente alrededor de 25 dirigentes, entre los que se encontraba Ernesto Benítez.

Desde el momento de su detención, fue sometido a tortura y tratos crueles por parte de policías y militares, que lo pusieron boca abajo, le dieron puntapiés, cachiporrazos y caminaron sobre su espalda.

En la comisaría local siguieron las torturas contra el dirigente,  a quien además de darle golpes en la espalda, el estómago y la cabeza, le sometieron a ahogamiento con gas pimienta, le pintaron la cara con labial, le cortaron mechones del cabello y le amenazaron de muerte. Todo esto con el consentimiento del fiscal penal, que miraba lo que pasaba.

El mismo agente fiscal lo imputó y  pidió su encarcelamiento junto con otros 31 dirigentes campesinos bajo los cargos de “intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre” y “perturbación de la paz pública”

Una semana después Benítez y sus compañeros fueron beneficiados con libertad provisional y a continuación denunció ante el Ministerio Público al agente fiscal y al comisario de Santa Rosa.

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) y la Comisión de Derechos Humanos del Senado presentaron denuncias por los hechos ocurridos y exigieron el esclarecimiento

Un año después la Unidad Especializada de Derechos Humanos del Ministerio Público imputó al fiscal y al jefe policial implicados en los hechos de tortura.

Lo que se vino después fueron dilaciones, excusas, retrasos, insuficiencias…por parte de todas las instancias que investigaron a los agentes estatales, como la justicia penal, el Ministerio Público y hasta el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

El Estado paraguayo daba la apariencia de que investigaba y quería esclarecer los hechos, pero todas sus acciones terminaban encubriendo a los agentes responsables.

En 2008 se agotaron los recursos nacionales de investigación y justicia, por lo que Benítez, la CODEHUPY y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) presentaron el caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

En 2012 el órgano dictaminó la responsabilidad del Estado paraguayo en los hechos de tortura y tratos inhumanos y crueles contra Benítez, además de haber violado su derecho a una investigación judicial eficiente.

Como medidas de reparación le impuso la obligación de reabrir el caso para realizar una investigación completa, imparcial y efectiva para esclarecer los hechos, procesar y castigar a los agentes responsables. También indemnizar económicamente al dirigente e implementar medidas institucionales para evitar que hechos similares se repitan en el futuro.

Para Benítez, que el Estado reconozca su responsabilidad en estos hechos y que repare sus crímenes sentará un precedente que abre una ventana a favor de otros casos similares.

“Más allá de lo simbólico, este reconocimiento implica que el Estado no vuelva a hacer lo mismo. Pero principalmente, que ataque las causas que llevaron a la gente a  salir a reclamar a las instituciones”, dijo.

A seis años del dictamen de las Naciones Unidas, la CODEHUPY, Benítez y familiares de los campesinos Eulalio Blanco y Sebastián Larroza -ejecutados mientras ejercían su derecho a la protesta- impulsan la campaña “Yo protesto, Paraguay”.

La iniciativa busca que de ahora en más el Estado paraguayo garantice y promueva el derecho a la protesta (expresión, reunión y manifestación) a través de medidas concretas, empezando por el cumplimiento de las recomendaciones internacionales.