Ernesto Benítez es un dirigente campesino que en junio de 2003 fue torturado por la policía tras la represión a una protesta de productores de cedrón en el cruce de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro. Fue detenido y torturado por los policías en la comisaría. Durante el mismo episodio el labriego Eulalio Blanco fue ejecutado por la policía, habiendo el Estado aceptado hace poco tiempo su responsabilidad y ofrecido una reparación a su familia.

Sin embargo, el caso de Benítez se encuentra paralizado hace más de un año y desde entonces no ha tenido ninguna conversación con representantes del Estado. Sus reclamos de reparación incluyen un acto público donde las autoridades pidan disculpas por lo ocurrido, que se reabra la causa y sean procesados los responsables del operativo –el fiscal Lucio Aguilera y el comisario Nery Calixto Vera– y una indemnización por los daños. El superior zonal del Ministerio Público era entonces Arnaldo Giuzzio.

Según relató Benítez, desde el Estado le han ofrecido una indemnización para poner punto final al caso y se han cerrado a la posibilidad de reabrir la causa para someter a proceso al fiscal y los agentes policiales intervinientes. El dirigente campesino reclama que los responsables de los hechos de tortura de los que fue víctima reciban al menos una sanción simbólica y rechaza desistir de sus exigencias a cambio de dinero.

En 2012 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió un dictamen en que sostuvo que en la actuación policial existió un uso desproporcionado de la fuerza, que los culpables deben ser sancionados y que no se deben repetir este tipo de violaciones de derechos humanos en las intervenciones de agentes del Estado.

Foto: Rufo Diana