Ante las desafortunadas declaraciones públicas realizadas por representantes de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el Ministerio del Interior que decidieron dejar sin efecto el “Plan de acción conjunta para casos de invasión de inmueble ajeno”, señalando como motivación principal “agilizar los desalojos”, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) señala:
- El Plan de acción conjunta, conocido como “Protocolo de Desalojo” adolecía de todo tipo de concepción, abordaje y aplicación de estándares de derechos humanos por lo que de ninguna manera podría haber sido considerado como un mecanismo acorde y democrático de destrabar conflictos como la falta de vivienda y tierra.
- Con la decisión dada a conocer el 19 de septiembre de 2019, se evidencia que siempre el desalojo fue la acción principal buscada por el Protocolo, aun cuando por años, las autoridades lo negaron, pretendiendo esconder las gravísimas actuaciones realizadas, arrogándose funciones que no le correspondían en el entendimiento de que un desalojo es una acción civil reglada para ser entendida por jueces civiles en procedimientos que admitan defensa en juicio y no decisiones arbitrarias y unilaterales del Ministerio Público.
- Sin embargo, en lugar de dejar de lado el “Protocolo de desalojo” para encaminar acciones que contemplen los estándares de derechos humanos, que impidan que familias enteras, niños, niñas, queden, literalmente, en la calle, deciden agravar aún más la situación, al reconocer, sin rubor alguno, que la motivación de esta decisión es “acelerar los desalojos” la dificilísima situación en la cual se encuentran miles de familias de nuestro país por falta de oportunidades y de políticas públicas, cuyo responsable es el mismo Estado que hoy los desaloja.
- Contrariando la más elemental de las disposiciones legales, constitucionales e internacionales, en Paraguay la propiedad privada se encuentra en la cúspide del interés de protección de un Estado que somete ante ésta, todo tipo de derechos: la vida, la integridad física, la salud, la educación, derechos de los niños y niñas entre tantos otros, que tiene a familias paraguayas deambulando en la miseria y jugándose la vida por un pedazo de tierra y un techo bajo el cual vivir. La evidencia de esta afirmación se sustenta en que las únicas partes de la sociedad invitadas a la discusión fueron los representantes de grandes y poderosos gremios como la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Unión Industrial del Paraguay (UIP) y la Unión de Gremios de la Producción (UGP).
- Desde la CODEHUPY no desconocemos la necesidad de atender el derecho a la propiedad privada que asiste a los titulares del mismo, y para ellos, señalamos expresamente y de forma que no haya confusión alguna que se endilgue a la red, que existen mecanismos y directrices claras para tratar este tipo de situaciones delicadas y sensibles, con la mayor garantía de derechos para todas las partes y no sólo para aquella de mayor poderío económico.
- Desde el Estado se señaló, hasta jactanciosamente, que este gobierno ya expulsó a miles de familias y hay otras 800 ocupaciones en situación irregular y que esta medida obedece a la “necesidad de brindar garantías al propietario de una propiedad privada”. Ante esto, preguntamos: ¿Y qué medidas se ofrecen a la otra parte del conflicto social que también ve violentado su derecho por el Estado? ¿Dónde están estas familias? ¿Qué soluciones se les ha ofrecido?
- La CODEHUPY advierte una profundización de la violencia y criminalización con esta decisión, en un contexto ya de por sí de graves retrocesos en materia de derechos humanos, insta a la ciudadanía y organizaciones sociales para que estén atentos a los acontecimientos y ratifica su compromiso para atender esta realidad, denunciando por todos los medios a su alcance las violatorias actuaciones anunciadas desde el Estado con esta decisión.
Asunción, septiembre 23 de 2019
Coordinación de Turno: Myrian González Vera, CDE; Nelly Meza, CMP; y, Guillermo Blanco, Decidamos. Secretario Ejecutivo: Oscar Ayala A.
