La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) denuncia la criminalización ejercida por la Fiscalía contra Vidal Brítez Alcaraz (56), presidente de la Asociación de Yerbateros del distrito de Paso Yobái, Guairá. La detención, considerada arbitraria, responde a una orden de captura emitida por los fiscales Martín Escalada, Osvaldo Mora y Rodrigo Vázquez, quienes lo imputaron por coacción grave en el marco de una manifestación contra las actividades mineras en la región, realizada en enero. Sin embargo, Brítez no estuvo presente durante la protesta.
Para la Codehupy, la prisión preventiva aplicada contra el dirigente yerbatero no solo es injusta, sino que representa un abuso de poder por parte del sistema judicial. La medida resulta desproporcionada y vulnera derechos fundamentales, especialmente porque Brítez no participó en la movilización del 10 de enero. Además, el derecho a la protesta en defensa del medio ambiente está protegido tanto por la Constitución Nacional como por tratados internacionales ratificados por Paraguay.
La prisión preventiva en Paraguay se ha convertido en una práctica recurrente y arbitraria, afectando de manera particular a sectores más vulnerables. Su aplicación indiscriminada contradice el principio de presunción de inocencia y constituye una herramienta de amedrentamiento contra quienes defienden derechos colectivos.
Brítez, quien ha sido una de las voces más firmes en la denuncia de los impactos ambientales de la minería en la zona, sufrió un desvanecimiento el pasado 29 de marzo mientras aguardaba su traslado de la comisaría a la penitenciaría. Debido a la gravedad de su estado de salud, fue derivado al Hospital Distrital de Villarrica.
En declaraciones a medios de comunicación, Brítez expresó su preocupación por la expansión de la actividad minera en Paso Yobái y sus consecuencias ambientales. Denunció que los yerbateros enfrentan dificultades para comercializar su producción, ya que empresarios rechazan la yerba mate cultivada cerca de piletas de sedimentación donde se manipula cianuro.
La comunidad de Paso Yobái ha alertado en reiteradas ocasiones sobre los efectos adversos del uso de mercurio y cianuro en los recursos hídricos y en la salud pública. Estudios realizados entre 2018 y 2019 revelaron niveles de mercurio en la orina de mineros y sus familias por encima de los límites permitidos. Asimismo, análisis en peces del río Tebicuarymi detectaron concentraciones de mercurio cuatro veces superiores a los estándares de seguridad de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (USEPA). A esto se suma la deforestación masiva en la región, con más de 840 hectáreas de bosques convertidas en zonas de explotación agropecuaria y minera desde 2010.
La Codehupy advierte que la criminalización de la protesta es una estrategia estatal para reprimir la resistencia ciudadana frente a proyectos extractivistas. La comunidad de Paso Yobái se mantiene firme en su lucha, exigiendo el cese de las actividades mineras contaminantes y la protección de sus derechos fundamentales.
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Walter Isasi, abogado; +595 971 207107
