La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) presentó el pasado 18 de octubre su parecer jurídico al Presidente de la República, Santiago Peña, en el que urge el veto del proyecto de ley “Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”. Este proyecto, aprobado por la Cámara de Diputados y sancionado en el Senado con modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo, es considerado por la Codehupy como una amenaza directa a los derechos democráticos y a la libre asociación en Paraguay.
La Codehupy subraya que el verdadero objetivo de esta ley no es fortalecer la transparencia ni fomentar la rendición de cuentas, sino limitar y entorpecer la labor de las organizaciones de la sociedad civil (OSC). La Coordinadora alerta que el proyecto podría otorgar a las autoridades facultades discrecionales para seleccionar y excluir, sin criterios objetivos, a aquellas organizaciones que consideren inconvenientes, facilitando una posible persecución política y el desprestigio de sus actividades.
“La ley no pretende proteger los derechos y garantías, sino obstaculizar y silenciar las voces ciudadanas que buscan una democracia participativa y pluralista”, señaló la Codehupy en su dictamen. Considera que el proyecto amenaza el artículo 1 de la Constitución Nacional, que establece una democracia pluralista, y afecta el derecho a exigir rendición de cuentas del Estado.
Además, la Codehupy denuncia que el proceso legislativo no ha incluido mecanismos de consulta con las OSC ni ha reconocido los controles ya vigentes. Asimismo, argumenta que el proyecto atenta contra derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, derechos esenciales para la libre asociación, la participación pública y la libre expresión.
Ante estos riesgos, la Codehupy solicita al Presidente Peña que vete la ley en su totalidad e impulse un proceso de revisión y actualización de la normativa existente en consulta con la sociedad civil. La organización subraya la necesidad de construir un sistema de control y transparencia que, en lugar de obstaculizar, incentive y fortalezca el trabajo de las organizaciones sin fines de lucro en su rol fundamental de defensa de los derechos humanos.