1- La actuación que han tenido fiscales y jueces en este caso, desde sus mismos inicios, implica claramente parcialidad manifiesta y mal desempeño en sus funciones. Una acusación fiscal plagada de vicios e irregularidades; una audiencia preliminar también cargada de irregularidades en perjuicio de las personas procesadas; pruebas señaladas como tales por parte de la Fiscalía, que fueron ocultadas a abogados defensores de las y los campesinos; son algunas de las numerosas falencias del proceso judicial de este caso, que demuestran que las violaciones del debido proceso fueron la constante. En resumen, jueces y fiscales se alejaron de manera escandalosa, en este proceso, de principios elementales claves que la Constitución Nacional asigna al sistema de justicia.

2- En el triste episodio del 15 de junio de 2012 fallecieron 17 personas: 6 policías y 11 campesinos. Sin embargo, solamente las y los campesinos están siendo procesados, y la Fiscalía no ha investigado la muerte de los 11 campesinos, lo cual representa otra grave y clara irregularidad más en este caso. Así, observamos que jueces y fiscales han actuado también de manera discriminatoria hacia las y los campesinos, violando sistemáticamente el derecho de los mismos al debido proceso.

3- La CODEHUPY además, a través de una investigación independiente que realizó, y que publicó en diciembre de 2012, había encontrado también varios hechos en este caso que implicarían violaciones de derechos humanos. Con dicha investigación, la CODEHUPY recogió elementos que señalarían que al menos 7 de los 11 campesinos fallecidos en los hechos del 15 de junio de 2012 habrían sido ejecutados por agentes policiales, pero como ya hemos señalado, la Fiscalía en ningún momento ha investigado las muertes de los campesinos. Además, otro de los resultados de la investigación realizada por la CODEHUPY, indica que al menos 9 personas habrían sido víctimas de torturas o tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de efectivos policiales. Pero, prácticamente no hubo investigaciones al respecto por parte de la Fiscalía.

4- Este preocupante escenario de irregularidades, violaciones del debido proceso y de derechos humanos, se profundizó desde diciembre de 2014, momento en el que se inicia un sumario administrativo en contra de los 3 abogados defensores de las 11 personas adultas procesadas. Este sumario, que aún sigue abierto y en curso en contra de los mismos, y que también está siendo realizado en forma irregular, en la práctica implica un claro amedrentamiento a la labor de los abogados y una afectación importante al derecho a la defensa de las y los campesinos.

5- La situación de las tierras de Marina Kue, sigue siendo también otra de las aristas irregulares en el marco de este caso. Recordamos que estas tierras habían sido donadas al Estado paraguayo en el año 1967; que la empresa Campos Morombí, que aduce ser propietaria de las mismas no cuenta con los títulos de las tierras donde ocurrieron los hechos del 15 de junio de 2012; y que hasta hoy continúan procesos judiciales respecto a la titularidad de dichas tierras. En este punto, es importante mencionar que el Caso Curuguaty es representativo también de la falta de acciones por parte del Estado paraguayo para implementar la reforma agraria, prevista en la Constitución Nacional; una reforma agraria que debe contemplar la recuperación de tierras mal habidas. En este sentido, recordamos quelas tierras de Marina Kue han sido declaradas como tierras mal habidas por parte de la Comisión de Verdad y Justicia.

6- El enjuiciamiento de la adolescente Raquel es también ilustrativo de la lamentable actuación del sistema de justicia en este caso. Raquel será enjuiciada también desde este lunes 27 de julio (en horas de la tarde), sin que la Fiscalía haya presentado elementos convincentes en contra de la misma. Además a Raquel, al inicio del proceso, no se le ha realizado la evaluación psicológica, una diligencia de obligatoria realización en el sistema judicial adolescente, por lo que el proceso en su contra debe ser anulado, y por tanto debe ser sobreseída. La CODEHUPY ejerce la defensa de Raquel con posterioridad a la audiencia preliminar, y ha presentado en abril de 2014 un recurso de nulidad del proceso, que aún está pendiente de resolución por parte del Tribunal de Sentencia.

7 – En marzo de 2013, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, había expresado: “El Estado parte debe asegurar la investigación inmediata, independiente e imparcial de la muerte de 17 personas con ocasión del allanamiento de Curuguaty el 15 de junio de 2012, así como de todos los hechos vinculados que han sido denunciados por las víctimas, en particular torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y posibles violaciones del debido proceso…”. (extracto de la segunda parte del párrafo 23 de las observaciones del Comité, realizadas al Estado paraguayo en el marco de su 107º periodo de sesiones). Dos años y cuatro meses después, está claro que el Estado paraguayo no ha cumplido con esta observación del Comité.

8 – Finalmente, la CODEHUPY expresa que el Tribunal de Sentencia de Salto del Guairá, encargado del juicio, debe tener actuación imparcial y respetuosa del debido proceso, a fin de otorgar las plenas garantías para un juicio justo, transparente, y apegado a principios constitucionales y legales.

Por la Coordinación de Turno de la CODEHUPY:

– Fundación Andrés Rivarola Queirolo (FUNDAR)

– Fundación Celestina Pérez de Almada (FCPA)

– Iniciativa Amotocodie

Más información:

– Enrique Gauto Bozzano, Secretario Ejecutivo de la CODEHUPY: 0981 – 415586