La Mesa Memoria Histórica se dirige a los Diputados y a la opinión pública para reiterar la necesidad de que la citada cámara proceda a designar un nuevo Defensor del Pueblo y el Defensor Adjunto.

Nuestras organizaciones vienen acompañando desde hace cuatro años este proceso que ha cumplido con todas las etapas de convocatoria de candidatos, audiencia pública y selección de ternas realizada por la Cámara de Senadores. Esta remitió las mismas a la Cámara de Diputados, la cual debe evitar repetir el antecedente nefasto del entonces presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Bogado, quien recibió la terna de la Cámara de Senadores en 2010 y la cajoneó durante dos años impidiendo que se cumpliera la finalización del proceso.

La designación del Defensor del Pueblo es un mandato constitucional y es una necesidad  frente a la desastrosa gestión del actual titular, Manuel Páez Monges, quien tiene mandato vencido desde 2008.

La Cámara de Diputados tiene la obligación de proceder a la designación de ambas  autoridades en el menor plazo posible, tal como lo manda la Constitución y requiere el funcionamiento de nuestro proceso democrático.

La nominación debe recaer en una persona que tenga trayectoria en el campo de los derechos humanos, de  reconocida honorabilidad y con capacidad de gestión, de manera de revertir la pésima imagen de  la institución y devolverla a sus fines naturales, como son la atención de las demandas sociales y la vigencia de los derechos humanos en el país. Es decir, una persona idónea para el cargo y que sea independiente políticamente.

Asunción, 26 de julio de 2016