La absolución de los campesinos de Curuguaty constituye una legítima conquista de quienes luchan incansablemente por un Paraguay con justicia y respeto a los derechos humanos, y también una decisión que nos abre las puertas para profundizar la discusión sobre el verdadero rol del Ministerio Público en una sociedad democrática, con instituciones republicanas.

El fallo sobre Curuguaty pronunciado en la víspera por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, implícitamente revela una realidad tantas veces denunciada, donde la corrupción y la instrumentación de no pocos agentes fiscales, complacientes con el poder, contribuyeron a lo largo de los últimos años a convertir el Ministerio Público en una institución de persecución política y de defensa de intereses sectoriales, a expensas de la dignidad de las personas y el debido proceso, con condenas logradas sobre la base de un estándar probatorio mínimo o inexistente, al calor de las presiones políticas, campañas mediáticas o intereses económicos, resultado de infames acusaciones, que carentes de cualquier fundamento de derecho, terminaban siendo admitidas por jueces y tribunales incapaces de hacer prevalecer la tutela judicial garantista.

Es por ello, que al tiempo de celebrar la libertad de quienes fueron víctimas de un sistema plagado de injusticia, que se resiste a respetar el debido proceso y las garantías judiciales como valores esenciales de la justicia y la democracia, y de reconocer y felicitar a los movimientos y actores sociales que no desfallecieron en la lucha por Curuguaty, recordar también en este momento, que la vigencia plena de los derechos humanos y la realización de una reforma agraria integral, que reconozca los derechos de la gente a la tierra, por encima de los privilegios del latifundio, son la única garantía para que nunca más el Paraguay mueran campesinos y policías, sin razón alguna que lo justifique.

Asunción, julio 27 de 2018

Coordinación de Turno: Nelly Meza, Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP); Mariana Sepulveda, Asociación Panambí; y, Abel Areco, Base-Investigaciones Sociales (Base IS).

Oscar Ayala Amarilla

Secretario Ejecutivo