La represalia accionada por la Fiscala General del Estado, Sandra Quiñonez, en contra de los magistrados que pronunciaron la sentencia de nulidad y absolución en la causa Curuguaty, se inscribe en un patrón de actuación, observado y denunciado retiradamente por la CODEHUPY en situaciones análogas, consistente en la instrumentación de procesos judiciales con fines de persecución política, seguido de amenazas e intimidación a jueces independientes y garantistas, como mecanismo de sometimiento y control político.
Esta tarea, llevada a cabo por operadores de justicia carentes de toda integridad, unidos a sectores de poder representados en el Congreso y otros estamentos políticos del Estado, puede constatarse en los audios filtrados de las conversaciones registradas entre funcionarios políticos, fiscales y jueces, que arreglaban imputaciones, sentencias y se repartían los dividendos de la corrupción con total desprecio hacia la Justicia y la sociedad, tal como fueron publicados desde comienzos de año por la prensa.
La falta de una investigación adecuada de las 17 muertes registradas en Marina Cué y la imposibilidad que esta circunstancia supone, para establecer mediante procedimientos oficiales ¿Qué pasó en Curuguaty? ha privado a la sociedad, posiblemente de forma irreversible, del derecho a la verdad, y ha representado en la vida de toda una comunidad, la violación generalizada de los derechos humanos, la pérdida de vidas, el menoscabo de la integridad de las personas, la libertad y el acceso a la justicia de todas la personas que resultaron víctimas así como la estigmatización como violentos de tantos campesinos y campesinas víctimas de prejuicios, discriminación y una trama política que difícilmente entenderemos algún día.
Como si este cuadro no fuera lo suficientemente trágico, el Ministerio Público carga con una denuncia que es un verdadero despropósito ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Con indisimulable acento de persecución política, va en contra de aquellos pocos magistrados, que con su independencia personal, conocimiento del derecho y vocación republicana, siguen dando la indispensable batalla por un Paraguay mejor, teniendo como un valor central en sus actuaciones, la realización plena de la Justicia en toda su dimensión.
Por lo expresado, la CODEHUPY considera que la sentencia de nulidad y absolución de los campesinos y campesinas de Curuguaty, al ser de la máxima instancia judicial, es ya materia intangible que debe de ser respetada y acatada, y los jueces que valientemente la pronunciaron, reconocidos y valorados por honrar la judicatura, por reparar los derechos conculcados y por señalar que el poder punitivo del Estado en una democracia está subordinado en todo momento al debido proceso y no a las pretensiones ilegítimas de la fiscalía y el poder político.
Agosto 9 de 2018
Coordinación de Turno: Abel Areco, Base IS; Mariana Sepulveda, Panambí; y Nelly Meza, CMP; Oscar Ayala Amarilla, Secretario Ejecutivo.
