La mañana de aquel 15 de junio se presentaba fresca y soleada. Con 20 años, Miguel Correa había iniciado un nuevo sueño trabajando como técnico agrícola en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Llevaba apenas 15 días de labores en la comunidad de Yvypytã, donde alquilaba una habitación para dormir durante las noches. Era viernes y en su mente ya planificaba sus actividades de fin de semana en la casa familiar, ubicada en Luz Bella, en el vecino departamento de San Pedro.
Ese día debía reunirse con agricultores de Yvypytã para planificar el trabajo de asistencia técnica. Por la radio se enteró sobre el desalojo que se llevaba a cabo en las tierras de Marina Kue. Advirtió que la situación se fue poniendo grave con los reportes sobre las muertes, tanto en las filas policiales como entre los campesinos. No parecía un momento propicio y la reunión se suspendió.
Se comunicó con sus familiares en Luz Bella y emprendió a bordo de su motocicleta el camino rumbo a la casa de sus padres. Cruzó un control policial en Brítez Cue y al llegar a Curuguaty recibió la llamada de un conocido que trabajaba en la Secretaría de Acción Social. Este le contó que un vecino fue herido durante el tiroteo y le pidió si podía acercarse al hospital para averiguar cómo estaba. “Ndapensái voi la oikotaha péa si hospital ko lugar público (no pensé que eso podía ocurrir si el hospital es un lugar público)”, reflexiona.
Ese día vestía sus botas de trabajo y un sombrero. Apenas al llegar al hospital, escuchó que un policía dijo refiriéndose a él: “Maimi la ipinta. Kóa isocio kuéra hína (mirá su aspecto. Este es amigos de ellos)”. En ese mismo momento fue agarrado y presentado ante la asistente fiscal Alba Bogado, quien ordenó que sea trasladado a la comisaría. Al llegar a la sede policial de Curuguaty, la instrucción de un oficial a sus subalternos fue que sea bajado como “pelota”.
“Roguahê pépe ha aporandu mba’éicha kuévo chejagarrá. Ndoikuaaséi mba’eve hikuái. Hetaiterei chemuepotî hikuái. Chemuepotî hikuái moquete-pe, patada-pe. Entre cinco ojemoi cherehe hikuái (cuando llegamos pregunté por qué me agarraron. No querían saber nada ellos. Me pegaron con golpes de puño y patadas. Entre cinco se pusieron por mí)”, rememora.
Una vez en el calabozo, fue despojado de sus abrigos y era amenazado permanentemente por los oficiales de guardia, quienes descerrojaban sus armas y jugaban a adivinar quién sería el próximo. Con tres colchones compartían la celda entre ocho personas. Llovía y el techo hacía aguas por todas partes. Durante tres días no pudo pegar los ojos.
Mientras los policías les amenazaban, hablaban frente a los presos sobre los sucesos de la masacre y cómo remataron a personas que ya se habían entregado o estaban heridas. Luego fue trasladado a la cárcel de Coronel Oviedo, donde estuvo por más de un mes. El parte policial decía que Correa fue detenido en el lugar de la masacre, por lo que fue imputado. Fue liberado luego de que se hayan presentado las planillas de asistencia y otros documentos de su lugar de trabajo que acreditaban que no tenía relación alguna con la ocupación. En la audiencia preliminar, culminada en octubre de 2013, fue sobreseído de manera definitiva por la jueza Yanine Ríos y desvinculado de la causa. Se quedó sin trabajo.
Según le contó luego su hermana, el juez José Dolores Benítez, quien emitió la orden de allanamiento con que se ejecutó el desalojo, reconoció la inocencia de Miguel, pero en un principio rechazó la revisión de las medidas aduciendo la presiones que había en el caso. Sin embargo, luego de masivas movilizaciones fue liberado junto con Marcelo Trinidad, otra persona que fue arrestada en el centro de salud regional sin tener relación alguna con los hechos.
Tras todas las vivencias que tuvo que soportar quedó con un severo trastorno sicológico que, según cuenta, fue superando luego de más de un año de tratamiento. La Codehupy lo acompaña en una denuncia por las torturas de las que fue víctima y realizó una querella que aún no fue admitida. Si bien Correa reconoce a algunos de los policías, ninguno de ellos fue imputado.
Pero la historia de Miguel no termina aquí. A fines de enero de 2014 labriegos organizados en la Federación Nacional Campesina realizaron una protesta contra la fumigación y deforestación en tierras explotadas por el empresario brasileño Cleiton Machiner Pothin en Luz Bella, quien denunció que los pobladores impidieron el ingreso de maquinarias a su finca para realizar trabajos de siembra. La protesta fue dispersada por la policía con balines de goma y gases lacrimógenos dejando un saldo de 16 heridos, además de un detenido.
Correa cuenta que en ese momento se encontraba en su casa y que, por recomendación de su madre, permaneció allí ante el gran lío al que ya se había metido, o lo habían metido, y que le valió una brutal golpiza y una penosa estancia en la cárcel. Desde su casa seguía lo ocurrido por la radio comunitaria que trasmitía los sucesos. Días después, uno de sus hermanos fue retenido por policías en un camino vecinal, quienes le preguntaron por Miguel.
Hasta ahora no sabe cómo ni por qué lo involucraron en el caso. Se arriesga a imaginar que se estaba elaborando un acta y que sin más pusieron su nombre para engrosar la lista. Actualmente está acusado por la fiscala Lilian Ruiz por coacción y amenaza de hechos punibles. La audiencia preliminar en el juzgado de Santaní ha sido suspendida en numerosas ocasiones y, aunque su nombre no figure en el acta policial ni en el relatorio de hechos, la agente fiscal insiste en llevarlo a juicio oral y público.
“Ha’eteku la ojejapóa hína peteî lista ha pe yvýre oconseguíntema la che réra ha omohuguáintema upépe (parece que se estaba haciendo una lista y consiguieron mi nombre y le pusieron nomás ya en la cola)”, dice mientras intenta hallar alguna explicación luego de un nuevo viaje realizado en vano hasta el juzgado de Santaní. Se inicia agosto y le recomendamos un buen baño con ruda.
Texto y foto: Paulo López
