El hecho que el libre tránsito y el paso fronterizo actualmente esté subordinado a la emergencia sanitaria, no releva en modo alguno a las autoridades de sus obligaciones en materia de derechos humanos, todo lo contrario, en momentos de excepción como el que vivimos, es cuando más se requiere que las mismas guíen su actuar.

Es por ello, que resulta inadmisible que en el Puente de la Amistad sigan diariamente centenares de personas retenidas en condiciones incompatibles con la dignidad humana, aglomeradas y con riesgo de un contagio masivo, mientras esperan una respuesta que debería ser ágil y adecuada para su ingreso y cuarentena sanitaria en el país.

A propósito de esta situación, resulta particularmente vergonzosa e inaceptable la explicación dada a la prensa por el ministro Federico González, quien pretendió aligerar la responsabilidad del Estado, señalando la existencia de presuntos “contrabandistas” y “tratantes de personas”, entre quienes aguardan en el paso fronterizo, como justificativo del ineficaz accionar estatal.

Con esto, el gobierno no hace otra cosa que exhibir improvisación y carencia de un programa de emergencia serio, que garantice la repatriación de los connacionales, en especial de aquellas personas trabajadoras migrantes desahuciadas y sus familias, que luego de perder sus empleos en los países limítrofes, están en condiciones de alta vulnerabilidad, situación que debe ser contemplada especialmente por el gobierno.

El Estado, por ende, debe adoptar inmediatamente medidas conducentes que garanticen el ingreso ágil y una cuarentena sanitaria segura de los compatriotas que aguardan su ingreso en la frontera, en especial en el Puente de la Amistad, sin discriminación alguna, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como de otros organismos internacionales de derechos humanos de la ONU que se han expedido en la materia.

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Oscar Ayala Amarilla, secretario ejecutivo; +595 971 284 292