En la noche del 8 de octubre de 2024, Mariano Sachelaridi y Gerardo Loris Niefransch, dos referentes campesinos y defensores del medio ambiente de la comunidad de Paso Yobái, distrito de Guairá, fueron citados a la Comisaría N.º 15 bajo el supuesto pretexto de discutir las denuncias sobre la contaminación causada por la minería de oro en la zona. Ambos son productores de yerba mate orgánica y miembros de la Asociación de Defensores de la Casa Común, organización dedicada a la protección del medio ambiente.

Mariano Sachelaridi fue detenido al llegar a la comisaría, tras ser informado de una orden de detención librada el día anterior por el fiscal Rodrigo Vázquez, de la Fiscalía N.º 5 de Villarrica. Al enterarse, Gerardo Loris, presidente de la Asociación, decidió presentarse directamente ante la fiscalía al día siguiente. Ambos campesinos asistieron a audiencias indagatorias el 9 de octubre, donde se les informó sobre la causa penal abierta en su contra por supuesta perturbación de la paz pública, coacción grave y amenaza de hecho punible. Estos cargos se relacionan con una protesta el 30 de septiembre y el mismo 8 de octubre, en la que habrían impedido la excavación de piletas para actividades mineras en una zona prohibida por riesgos ambientales.

La minera Latin American Minerales Paraguay S.A. (LAMPA), en convenio con la propietaria del lote, Eugenia Benítez de Vera, pretende llevar adelante estas excavaciones, pese a que los defensores del medio ambiente denuncian la falta de los permisos ambientales requeridos. En la investigación, el fiscal no consideró las circunstancias que llevaron a la protesta social ni la ausencia de una Declaración de Impacto Ambiental o un Plan de Manejo aprobado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

Este conflicto ocurre en un contexto de creciente preocupación por los impactos negativos de la minería en la región. Un ejemplo reciente de los riesgos de esta actividad es la muerte de un trabajador en Paso Yobái, quien falleció en un accidente laboral mientras manipulaba productos químicos peligrosos. El hombre de 40 años estaba utilizando dichos productos para reactivar el carbón que se emplea en el proceso de extracción de oro. Este trágico hecho, informado por medios locales de Villarrica, pone en evidencia la falta de controles y seguridad en el uso de sustancias tóxicas en la minería de la zona.

La comunidad de Paso Yobái ha alertado sobre los efectos adversos del uso de mercurio y cianuro en los recursos hídricos y en la salud pública. Estudios realizados entre 2018 y 2019 mostraron que los niveles de mercurio en la orina de los mineros y sus familias superan los límites permitidos. Además, los análisis realizados en peces del río Tebicuarymi, cerca de Paso Yobái, revelaron niveles de mercurio cuatro veces superiores a los estándares de seguridad de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (USEPA).

A esto se suma la deforestación masiva en la región, donde, desde 2010, se han transformado más de 840 hectáreas de bosques para actividades agropecuarias y mineras. Estos cambios en el uso del suelo y la contaminación por mercurio forman parte de un modelo extractivista que está despojando a las comunidades rurales de sus recursos naturales, mientras pone en peligro la salud de sus habitantes.

Ante estos hechos el equipo jurídico de la Coordinadora de Derechos Humanos en Paraguay (Codehupy) se contactó con el abogado de la defensa de los campesinos criminalizados y corroboró que el acta de la imputación es genérica, no se encontró ningún elemento fáctico que se le pueda atribuir a los campesinos, como los hechos por los que fueron imputados. Asimismo, comprobaron que la orden de detención fue arbitraria, dado que no estaba fundamentada. 

La Codehupy ve con mucha preocupación estas detenciones, ya que considera a estas acciones una estrategia estatal de criminalización a la protesta social, siendo esta un mecanismo legítimo de participación ciudadana y del ejercicio de la libertad de expresión como derecho humano y a la defensa del medio ambiente. La comunidad de Paso Yobái sigue firme en su lucha, exigiendo el cese de actividades mineras contaminantes y la protección de sus derechos fundamentales.

Contacto: 

Walter Isasi, abogado de la Codehupy; +595 971 207107