Desde su creación en 1992, la Defensoría del Pueblo fue sometida a intereses políticos partidarios, distorsionando los fines para los cuales fue creada: ser un contrapeso, mediante la defensa y promoción de los derechos humanos, de los poderes Ejecutivo y Judicial, para garantizar la democracia.
La Defensoría del Pueblo a lo largo de los últimos 30 años ha enfrentado procesos enturbiados, a tal punto que recién en octubre de 2001, tras largas negociaciones político partidarias, se designó por primera vez un Defensor del Pueblo y, como si fuera poco, se trató de un antiguo funcionario colorado de la dictadura de Alfredo Stroessner. La institución, que debía -entre otras tareas- reparar a las víctimas de la dictadura, quedó en manos de un afín al régimen.
Este episodio muestra a las claras el resultado de los obstáculos que se han interpuesto de forma premeditada y que se pueden resumir en: falta de transparencia en los procesos de selección de el o la defensora del pueblo, cuoteo político partidario, debilidad presupuestaria y de ejecución, absoluta falta de idoneidad de las personas que han sido designadas responsables de la institución desde el 2001 hasta nuestros días.
Así, la distorsión respecto a los fines para los cuales existe la Defensoría del Pueblo, derivó en una inadmisible cesión de poder y renuncia a facultades constitucionales. No es casual la histórica desidia, en un país, donde muchos sectores políticos siguen reivindicando regímenes dictatoriales y negando derechos básicos a una gran parte de la ciudadanía paraguaya.
A 30 años de la creación de la Defensoría del Pueblo, hemos tenido dos defensores del Pueblo: el primero, que se aferró al cargo por más de 15 años y dejó la institución con un tendal de denuncias -entre ellas de maltrato, burla y humillación a las personas que iban a solicitar su justa indemnización-, incluso llegando a ser procesado por presunta estafa y malversación de fondos; el otro que lo reemplazó desde entonces es Miguel Godoy, sobre quien hoy pesan decenas de denuncias, incluso presuntos hechos de acoso sexual, según se ha documentado en el líbelo acusatorio para el juicio político que impulsa un grupo de diputados.
Así las cosas, es posible percibir claramente que la degradación a la que fue llevada la Defensoría del Pueblo no es una situación coyuntural ni mucho menos casual, sino que forma parte de un proceso de décadas durante las cuales se ha mancillado la memoria, la verdad y justicia, sobre todo de quienes han sido víctimas de la dictadura stronista; se ha utilizado la institución para recaudar, en lugar de atender el clamor de la juventud que masivamente, mediante la objeción de conciencia, muestra su desapego de un modelo perimido para la formación de las personas; se ha -de acuerdo a denuncias públicas- malversado fondos del magro presupuesto.
Es tiempo de recuperar la Defensoría del Pueblo como institución, de reclamarla para que cumpla con su rol de recibir los reclamos populares y frenar los abusos de poder que puedan darse desde el propio Estado y desde otros ámbitos.
La Defensoría del Pueblo es un instrumento, pensado en el marco de la Constitución del 92’ como parte de un engranaje complejo que busca evitar que prácticas autoritarias vuelvan a ceñirse sobre el pueblo. Como sociedad civil hacemos un llamado para superar los obstáculos descritos y reencausar la institucionalidad.
¡Por una Defensoría del Pueblo para el pueblo, en defensa de los derechos humanos!
Asunción, septiembre 26 de 2022
Coord. de Turno: Gestión Local, Grupo Sunu de Acción Intercultural, Heñoi.
Secretaría Ejecutiva: Dante Leguizamón Morra
