Un numeroso contingente policial de 1.200 a 1.500 efectivos –con carros hidrantes, montada y dos helicópteros– ejecutaron un desalojo este jueves contra pobladores de la comunidad Guahory, ubicada en el distrito de Tembiaporã, departamento de Caaguazú. Además de ello, con tractores procedieron a tumbar las casas y destruir los cultivos de los labriegos.

En la comunidad viven hace unos 25 años más de 200 familias campesinas, algunas ya con títulos de propiedad y otras con pagos ya realizados y en proceso de formalización de la posesión. Sin embargo, una rosca de funcionarios del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) también emitió títulos a favor de productores brasileños y menonitas, por lo que existe superposición de documentos.

“Como si fuéramos delincuentes vienen los policías a perseguirnos en lugar de seguir a los del EPP. Es triste que vengan de esa manera a proceder contra humildes paraguayos”, señaló Elvio Araújo, presidente de la Comisión Vecinal Paraguay Primero.

Los senadores Esperanza Martínez y Miguel López Perito calificaron de ilegal el desalojo, pues en lo civil se encuentra en discusión la legalidad de algunos títulos de propiedad y en la Cámara de Senadores tuvo media sanción un proyecto de expropiación del inmueble. También denunciaron la participación de civiles, algunos de ellos de nacionalidad brasileña, en la destrucción de las pertenencias de las personas desalojadas, todo ello con el aval de las autoridades fiscales y policiales.

Desde la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) recordamos las obligaciones del Estado en las situaciones de desalojo en el contexto rural. Las autoridades deben tener presente que, más allá de la legalidad o no del procedimiento, se debe tener en cuenta la posibilidad de afectación de un conjunto amplio de derechos humanos como el derecho a la alimentación y la vivienda.

El Estado tiene la obligación de velar por estos derechos, más aún cuando se trata de personas que por la intervención oficial serían expulsadas de sus viviendas y quedarían sin sus medios de vida como cultivos y animales domésticos.

La situación es más grave aún considerando que ya existen antecedentes de un desalojo anterior contra la comunidad, que se ejecutó con un uso excesivo de la fuerza destruyendo una gran cantidad de casas y cultivos. El Estado debe desarrollar programas de atención contra las familias que serían desalojadas, más aún teniendo en cuenta que la situación es producto de la corrupción en el ente estatal encargado de entregar los títulos de los inmuebles rurales. El propio titular del Indert, Justo Cárdenas, había confirmado que el desalojo ejecutado en febrero de 2015 fue realizado sin orden judicial en unas tierras públicas a favor de personas que no son beneficiarias de la reforma agraria.