El pasado miércoles 19 de octubre se realizó en el juzgado de Santaní la audiencia preliminar a campesinos procesados por el caso Luz Bella, comunidad ubicada en el departamento de San Pedro. La abogada Sonia von Lepel, de la Codehupy, llevó la defensa de Miguel Correa, quien fue imputado junto con otros seis labriegos por coacción y amenaza de hechos punibles.

El caso se remonta a enero de 2014 cuando pobladores de la comunidad y de la Federación Nacional Campesina se opusieron al desmonte y fumigación de un inmueble explotado por el productor brasileño Cleiton Machiner Pothin, quien pretendía plantar soja en el lugar. La policía intervino para dispersar la protesta dejando a varias personas heridas por contusiones y balines de goma.

Correa fue sobreseído de manera definitiva por la falta de elementos que lo involucren en los hechos investigados. En efecto, el joven no figura en el acta policial ni en el relato de hechos, pero su nombre fue agregado a la lista de imputados sin que exista ningún indicio de su participación, tal como lo admitió la fiscala Lilian Ruiz, quien solicitó el sobreseimiento definitivo de Correa.

Por su parte, los demás procesados –Felipe Aveiro, Juan Franco, Gerardo Paniagua, Isidro Zárate, Pablo Chávez y Menelio Gauto– fueron beneficiados con la suspensión condicional del proceso imponiéndose medidas como la prohibición de acercarse al inmueble y la obligación de realizar trabajos comunitarios.

Durante la audiencia, realizada en el despacho del juez Víctor Manuel Escobar, este destacó el acuerdo al que se llegó entre las partes y dijo a las personas a quienes se les suspendió el proceso que esta es una oportunidad para cumplir y para que el empresario pueda “trabajar tranquilo”. Instó a los labriegos a que en caso de que no tengan tierras se acerquen a hablar con la fiscalía y no actúen por mano propia.

A su turno, la fiscala Ruiz advirtió a los procesados que esta sería la última suspensión que se otorgaría y que en caso de reincidencia “ya van a ligar” juicio oral y público.

Al término de la audiencia, Correa expresó que la única salida que iba a aceptar es el sobreseimiento definitivo porque no iba a reconocer un delito que nunca cometió. Dijo que a pesar de haber recuperado su libertad, el daño que sufrió es irreparable y que el Estado lo persiguió por más de cuatro años.

Cabe recordar que el 15 de junio de 2012 Correa fue detenido en el hospital de Curuguaty cuando se acercó a averiguar la situación de los heridos en la masacre. Además de ser golpeado y torturado por la policía, que consignó en acta que la detención se realizó en Marina Cue, Correa pasó más de un mes en la cárcel de Coronel Oviedo. En la audiencia preliminar culminada en octubre de 2013 fue sobreseído de manera definitiva al haberse comprobado que no estuvo en el lugar. Por este caso existe una querella por las torturas y la privación ilegítima de libertad que sufrió.

Foto: La abogada Sonia von Lepel y Miguel Correa, tras la audiencia realizada en el juzgado de Santaní.