El lunes pasado la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) realizó un conversatorio sobre el caso de los seis campesinos, que actualmente está siendo estudiado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Para acceder a la trasmisión en vivo del acto puede acceder a este enlace.

Fue en el Centro Cultural Manzana de la Rivera, como parte de la exposición “Desde nuestro rincón de libertad”, que ilustra la vida de los dirigentes Agustín Acosta, Simeón Bordón, Basiliano Cardozo, Gustavo Lezcano, Roque Rodríguez y Arístides Vera, presos hace 13 años por un crimen que no cometieron.

Oscar Ayala Amarilla, secretario ejecutivo de CODEHUPY, dijo que el proceso judicial de los 6 campesinos muestra un patrón de actuaciones de órganos estatales que se vio también en otros casos, como el de los 14 campesinos acusados de apoyar el secuestro del ganadero Luis Lindstron y el de la masacre de Curuguaty.

En los tres procesos se impulsaron acusaciones y condenas sin fundamentos jurídicos; se vulneró la independencia de los órganos judiciales con la injerencia política; y desde los órganos estatales se criminalizó mediáticamente a las personas acusadas,  violando varios derechos y garantías judiciales, como el principio de presunción de inocencia.

A partir del último fallo de Curuguaty, dijo, hoy en día ya existe una opinión judicial que viene a refrendar las críticas que la sociedad venía haciendo contra estas actuaciones, especialmente en torno al trabajo del Ministerio Público.

Varios protagonistas de estas violaciones de derechos, dijo, hoy tienen mayor protagonismo o incluso han escalado, como la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, que fue la fiscal acusadora del caso de los 6 campesinos; o Enrique Bachetta, senador y actual presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que actuó como defensor de la querella en el proceso.

Es un caso emblemático que evidencia cómo funciona nuestro sistema de justicia, y cómo el Estado paraguayo no lleva a la práctica lo que se comprometió en los papeles, dijo la abogada Julia Cabello, del equipo jurídico de CODEHUPY que acompaña el proceso ante la CIDH.

Dijo que revisando todos los antecedentes del caso, encontraron un cúmulo de violaciones de derechos y garantías judiciales de los dirigentes campesinos, relacionados a ser juzgados en tiempo razonable y por órganos independientes e imparciales; ser beneficiados por la retroactividad de leyes; acceder a sus derechos a la circulación, residencia y asilo; a la libertad de pensamiento.

Un capítulo aparte es la aplicación de medidas de seguridad contra los dirigentes, recurso que  riñe con principios del derecho internacional de los derechos humanos.

Revisando otros procesos ante la CIDH, dijo, encontraron antecedentes de cómo es cuestionado y sancionado el uso de la prisión preventiva, que en este caso duró más de 11 años, en un evidente uso de la medida como pena anticipada.