Este martes 27 de setiembre se realizó en la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería la firma de un preacuerdo mediante el cual el Estado acepta su responsabilidad en el asesinato del dirigente campesino Eulalio Blanco, ejecutado por la policía en junio de 2003 durante una protesta de cedroneros en el cruce de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro.

Al inicio de la reunión, el director de la Unidad General de Derechos Humanos de la Cancillería, Miguel González Bibolini, destacó la importancia del preacuerdo firmado como expresión de la voluntad de reparar una violación de derechos humanos cometida por agentes del Estado al tiempo de sentar un precedente para evitar la repetición de hechos de esta naturaleza.

Por su parte, Andrés Ramírez, director de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, pidió disculpas a los familiares de Blanco, representados en la reunión por Agripino Agüero, por todo el dolor causado por la pérdida. Añadió que con este reconocimiento de culpas y reparación el Estado reconoce la justeza de los reclamos del sector campesino.

De su lado, Agüero señaló que transmitirá a toda su familia las disculpas ofrecidas por los representantes del Estado y expresó su satisfacción de llegar a este acuerdo después de trece años, que ahora espera que se cumpla antes de que muera su madre, Florentina Olmedo, viuda de Blanco.

Por último, Óscar Ayala Amarilla, secretario ejecutivo de la Codehupy, resaltó la voluntad de cerrar el arduo proceso acompañado por nuestra organización para hacer cumplir las medidas de reparación en el caso, aunque lamentó que los tiempos de la burocracia estatal no se compadezcan con el derecho de las víctimas. Acotó además que hasta el mejor de los acuerdos queda corto cuando se trata de la pérdida de una vida humana, haciendo la salvedad de que este tipo de reconocimientos fortalezcan la institucionalidad en materia de derechos humanos y la garantía de no repetición.

Algunas de las cláusulas del preacuerdo, que debe ser ratificado por la Presidencia, contemplan el cumplimiento del dictamen de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de marzo de 2012 de aceptar la responsabilidad de las violaciones al derecho a la vida en un acto público, una medida que debe ser acompañada de una reparación económica.

En el plano institucional, el Estado se compromete a tomar medidas contra la impunidad, esclarecer el asesinato, investigar las violaciones de derechos humanos y sancionar a los responsables. Asimismo, prometió examinar la labor de los agentes fiscales que intervinieron en el caso, específicamente en el cumplimiento de los plazos procesales, y fortalecer la Unidad Especializada de Derechos Humanos del Ministerio Público, entre otras medidas.

De la reunión también tomaron parte María José Méndez, directora de derechos humanos del Ministerio de Justicia; Laura Bordón, directora de derechos humanos del Ministerio de Salud; Hugo Samaniego, director de derechos humanos del Ministerio del Interior, Ximena Abente, de la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, y Juan Guzmán y Carolina Vera, del Ministerio de Relaciones Exteriores. No participó ningún representante del Ministerio Público, por lo que se remitió el acta a la Fiscalía General de Estado para su suscripción.

Foto: María José Méndez, Óscar Ayala Amarilla, Agripino Agüero, Miguel González Bibolini, Ximena Abente, Andrés Ramírez y Laura Bordón, tras la firma del preacuerdo de reparación por el caso Eulalio Blanco.