El ministro del Interior y articulador del gabinete, Juan Ernesto Villamayor, dijo que el Gobierno de Mario Abdo está preparando una propuesta que incluirá medidas de reparación a favor de personas y familias afectadas por la masacre de Curuguaty.

Este 15 de junio se cumple el séptimo aniversario de la masacre, donde un desalojo irregular en las tierras de Marina Kue, a 300 kilómetros al Noreste de Asunción, terminó con la muerte de 11 campesinos y 6 policías, y tuvo profundo impacto en la política de Paraguay.

“Yo estoy empezando a trabajar en una serie de medidas, esa serie de medidas va a ser puestas a disposición del presidente de la República. Y una vez que él las tenga, tome la decisión y las autorice, se van a hacer públicas por la Presidencia de la República”, dijo en marzo pasado al equipo periodístico que realizó el documental Curuguaty Hoy, estrenado el jueves pasado.

“Este caso es el emblema del lugar al que no se debe llegar. Y nosotros debemos construir en ese lugar el emblema del lugar al que queremos llegar, otorgando a las familias que vienen con esas reivindicaciones históricas (…) y finiquitar esto prestándole los servicios que debe prestar el Estado a cualquier ciudadano. Y también reivindicar el trabajo y la memoria de los que cayeron vistiendo el uniforme y cumpliendo la misión que la ley le encomendó”, dijo.

Cuando se le preguntó si las medidas que mencionaba tenían relación con los requerimientos de los dos órganos de las Naciones Unidas que se pronunciaron sobre el caso –el Consejo de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura- dijo que sí.

Estos órganos señalaron a Paraguay en 2013 y 2017 la necesidad de conformar una comisión independiente de investigación que investigue los hechos, la participación de agentes estatales en ejecuciones y tortura durante el operativo y si hubo extralimitaciones de fiscales y jueces en torno al caso.

Para Óscar Ayala Amarilla, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), además las medidas de reparación deberían reparar moral y económicamente a personas afectadas y, principalmente, contemplar mecanismos (legislativos o administrativos) para impedir que hechos similares se vuelvan a repetir.

La ley paraguaya contempla la indemnización económica a personas privadas de su libertad de forma arbitraria, lo que correspondería a los 14 campesinos y campesinas presos durante el proceso judicial (cuatro de ellos hasta seis años de privación).

“Lo principal que perdí en esos seis años de cárcel es que no pude estar con mi familia, estuve distanciado de ellos. Y eso es algo irrecuperable”, dijo Néstor Castro, uno de los campesinos sobrevivientes de la masacre y que estuvo privado de su libertad durante el proceso judicial.

“Lo único que nosotros pedíamos y pedimos hasta hoy es que se haga justicia…para el Estado puede ser que sea un personas menos nada más, que no se puede sustituir. Pero para la familia no”, dijo Estela Meza, viuda de Erven Lovera, comandante policial del operativo que perdió la vida.

Arnaldo Quintana, otro de los campesinos sobrevivientes y privado de su libertad, dijo que las familias agricultoras afectadas concretamente lo que exigen es la adjudicación titulada de las tierras que reivindicaron y que les costó la vida a varias personas.

A todas las personas afectadas y sus familias, y también a la sociedad paraguaya, le asiste el derecho a la verdad, una figura que está contemplada en el derecho internacional de los derechos humanos.

La serie documental Curuguaty Hoy de la CODEHUPY actualiza la situación de las distintas aristas del caso y señala las obligaciones pendientes del Estado paraguayo, a siete años de la masacre.