A raíz de la política de restricciones a los derechos de manifestación y expresión pública, promovida por el gobierno, con el resultado de persecución y represión a la protesta social, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), expresa cuanto sigue:

1. La Codehupy, tal como ya lo ha manifestado anteriormente, observa con creciente preocupación como desde el Poder Ejecutivo se ha vuelto más frecuente la retórica de una estrategia de estigmatización social que busca desacreditar las demandas económicas y sociales de diferentes colectivos organizados, señalando reiterada y públicamente a sus dirigentes, sindicales, campesinos, estudiantiles, etc., como responsables de conductas penalmente delictivas. Esto, sin ningún sustento, contrariando deliberadamente la obligación estatal de abstenerse de realizar este tipo de declaraciones, debido al rol de defensores y defensoras de derechos humanos que cumplen estas personas.
2. Pero además resulta más preocupante para la Codehupy, la conexión inequívoca de la retórica del Ejecutivo con prácticas    gubernamentales que se observan por ejemplo, en la prohibición de conmemorar el día de las personas que fueron víctimas de desaparición forzosa en la Agrupación Especializada, donde fueron hallados varios cuerpos enterrados clandestinamente durante la Dictadura, la intervención y uso excesivo de la fuerza policial en los colegios ocupados por estudiantes, la prohibición de manifestación notificada a los campesinos que exigían el subsidio de su actividad productiva, el retiro por la fuerza de un joven que participaba de un acto público, por expresar su reclamo con una pancarta ante el Presidente de la República en Itapúa, la represión y herida de bala producida a un campesino durante una manifestación en Canindejú, etc. Con esto se denota un patrón de actuación autoritario, que socava la protesta social por impulso de un gobierno que no ejerce democráticamente sus atribuciones, negando arbitrariamente el derecho a la manifestación y expresión de las organizaciones sociales.
3. Ante estos hechos, que buscan privar a la ciudadanía de la principal herramienta que posee para promover, defender y exigir sus derechos humanos, la Codehupy exige el cese inmediato de toda forma de restricción a los derechos de reunión, manifestación y expresión, por ser éstos, producto de las conquistas democráticas alcanzadas por toda la sociedad, que deben ser garantizados en todo momento, solicitando en este sentido, al Congreso y al Poder Judicial, actuaciones que pongan frenos a los desbordes que desde el Poder Ejecutivo colisionan con este propósito y ponen en riesgo la convivencia democrática. Además, advierte que la práctica contraria a este llamado, no hace más que comprometer la responsabilidad estatal, que no sólo tiene como consecuencias en el menoscabo de derechos humanos, sino también en las obligaciones concretas asumidas ante la comunidad internacional en la materia.

Asunción, septiembre 12 de 2017

Por la coordinación de Turno,

Mario Costa, Cipae.

Sergio Cáceres Mercado, ICSO.

Aldo López, MOC.

Oscar Ayala Amarilla, Secretario Ejecutivo.