Cumplimos 20 años de ininterrumpida labor a favor de la promoción y defensa de los derechos humanos en el Paraguay, tarea que la hemos iniciado en plena transición democrática, con el objetivo de contribuir al pleno respeto de la dignidad humana, sin discriminaciones de ningún tipo, y al desarrollo de una institucionalidad estatal acorde a la Constitución de la República y al derecho internacional de los derechos humanos.

En la actualidad somos una red de 34 organizaciones de la sociedad civil que trabaja en los más diferentes ámbitos y temáticas, que aglutinadas inicialmente en torno a una actividad específica en sus orígenes: la elaboración del informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el Paraguay, esto a mediados de los años ‘90, luego dio paso a la conformación de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), en el año 1999.

En un contexto nacional e internacional de creciente afianzamiento de ideas autoritarias y profundización de un modelo económico excluyente, a 30 años de la caída de la dictadura, seguimos trabajando, esencialmente, con la idea central y fundacional de defender el derecho a tener derechos, como forma de combatir la exclusión y discriminación, así como el autoritarismo, tal como lo enunciara la filósofa alemana Hannah Arendt.

Esto, no por otra cosa, sino como parte necesaria y tarea permanente que nos obliga la realidad en la cual vivimos, donde la trinchera de ideas que necesitamos para guarecernos se torna ineludible construir  y reconstruir cotidianamente frente a la impunidad, el negacionismo histórico, la discriminación estructural y tantas otras formas de desprecio de la dignidad humana, que se acrecientan en el mundo y que, por momento, también se enseñorean en el Paraguay, llegando al punto de poner entre dicho la posibilidad misma de vivir en democracia, de la mano un pasado dictatorial que sigue latente, sin poder ser desterrado aún del imaginario colectivo de amplios sectores de la sociedad.

En este contexto, el desarrollo impune del fenómeno de la criminalización de las demandas campesinas por sus derechos económicos y sociales vinculados a la reforma agraria y el acceso a tierras a llegado a una magnitud que nos ha obligado a poner en el centro de las preocupaciones de la CODEHUPY, desde su creación misma, las violaciones sistemáticas observadas en el ámbito rural, donde se ha expresado, acaso, más nítidamente ese pasado autoritario que no termina de irse y que, por el contrario, persiste como paradigma político y social de las élites gobernantes, frente al reclamo de una justicia social que transforme y democratice las relaciones de poder basadas en el acaparamiento de la propiedad de la tierra.

La política de persecución implementada por el Estado en defensa de los intereses latifundistas ha sido implacable y ha tenido como punto de partida, desde siempre, un repertorio conocido: legitimar su actuación arbitraria construyendo un relato que estigmatiza a sus víctimas por extracción social, ideas políticas o pertenencia partidaria, con el objetivo evidente de predisponer negativamente a una opinión pública proclive a aceptar mensajes autoritarios y falaces, sin escrutar la vedad que en muchos casos se oculta deliberadamente.

La movilizaciones sociales en defensa de la vida y en contra del acaparamiento de tierras, y de las fumigaciones indiscriminadas con agrotóxico propiciadas por el agronegocio, han expresado fuerte y nítidamente el rechazo del modelo económico dominante por parte de las organizaciones campesinas, cuya dirigencia en los años de transición fue objeto, al igual que en el presente, de estigmatizaciones de todo tipo, persecución y represión, hasta llegar, en una de sus aristas más trágicas, incluso, a la muerte de más de un centenar de campesinos, víctimas de la utilización de armas letales por parte de la policía en manifestaciones publicas u ocupaciones de tierra, cuando no, directamente por sicarios que los han ejecutado con total impunidad, tal como la CODEHUPY lo ha registrado acabadamente en su Informe Chokokue.

El trabajo realizado frente a la magnitud de la violencia en el campo no ha sido fácil para la CODEHUPY, y aunque no ha sido su único ámbito de desempeño institucional, es lo más relevante y uno de los principales testimonios dados por nuestra red en las dos décadas que estamos cumpliendo.

La tarea de defender los derechos humanos y denunciar los abusos del poder acarrea consecuencias no deseadas, es menester decirlo, especialmente cuando el poder se siente amenazado por la verdad y el irrefutable testimonio de los hechos documentados con rigurosidad y defendidos con convicción, eso, en la práctica, conlleva represalias como las campañas de difamación, entre otras cosas, para los defensores y defensoras de derechos humanos que acometen esa tarea, y la CODEHUPY no ha estado exenta de esas vicisitudes.

La investigación y documentación de los casos, tal como puede encontrarse en el Informe Chokokue y en el de Marina Kue, ha dado paso a los proceso que fueron encarados y sostenidos durante varios años por el equipo técnico de la CODEHUPY, siendo litigados como casos emblemáticos, que por ser representativos de las violaciones de carácter más sistemáticas en materia de debido proceso, protesta social, tortura, ejecuciones arbitrarias, entre otros, han sido llevados al ámbito internacional, con la anuencia de las víctimas que en todo momento nos han distinguido con su confianza, permitiendo forjar lazos y vínculos de confianza que no podemos sino valorar inmensamente también.

Pese a que nuestra labor no siempre fue comprendida, y en eso, la matriz autoritaria y discriminadora de la sociedad paraguaya, sumada a las formas arcaicas del pensamiento político dominante, nos han jugado siempre en contra y están entre los factores que han impedido, hasta el presente, desarrollar plenamente el potencial emancipador de los derechos humanos en nuestro país; sin embargo, en estas dos décadas nos ha permitido aportar al desarrollo de una moderna jurisprudencia y a nuevos estándares de derecho en diferentes ámbitos, sumando así estos logros a las herramientas de exigibilidad de derechos que están al servicio de todos y todas.

La contribución, no solo en materia de reparaciones individuales alcanzadas en la mayoría de los casos que se exponen, sino fundamentalmente en aquello que podemos considerar la verdadera justicia, es decir, las garantías de no repetición, están entre los principales orgullos que legítimamente podemos exponer de nuestro trabajo.

Por último, parafraseando a los estudiantes de la reforma universitaria de Córdoba, en Argentina, tenemos que decir que “los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan”, en este sentido, es un acto de justicia reivindicar al final de estas líneas, como un indispensable acto justicia, el derecho a tener derechos de Los 6 Campesinos, Arístides, Gustavo, Agustín, Basiliano, Simeón y Roque, a quienes no olvidamos y esperamos que más temprano que tarde recuperen su libertad, por haber sido fraudulentamente privados de la misma, hace ya más de una década, siendo inocentes, por una justicia instrumentada con fines ajeno a la misma, sin las garantías judiciales, ni el debido proceso del cual son acreedores.

Oscar Ayala A. Secretario Ejecutivo de CODEHUPY