Un ránking mundial de 140 países ubica al sistema de justicia de Paraguay en el puesto 136 en cuanto a independencia judicial, el quinto peor del mundo, detrás de Bolivia (140), Venezuela (139), Nicaragua (138) y Angola (137).
El monitoreo pertenece al Reporte de Competitividad Global (2018) del Foro Económico Mundial y analiza varios indicadores institucionales de los países
En contrapartida, entre los países mejor apreciados en su administración de justicia encontramos a Finlandia (1), Suiza (2), Nueva Zelanda (3), Holanda (4) y Luxemburgo (5). Los países latinoamericanos mejor posicionados son Uruguay (23), Chile (36) y Brasil (79).
A fines de 2017 la prensa paraguaya filtró alrededor de 200 audios de conversaciones que constataban el funcionamiento de un mecanismo de arreglos extrajudiciales de causas, que involucraba a actores políticos, jueces, fiscales, abogados y funcionarios públicos.
Al frente de esto estaban algunos miembros del órgano estatal encargado del nombramiento/destitución de jueces, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que en los últimos años estuvo involucrado en varias decisiones que vulneraron la independencia judicial.[1]
El hecho se convirtió en uno de los escándalos más grandes de corrupción en los últimos tiempos en el país, y aunque las repercusiones se expresaron a través del desafuero de dos parlamentarios implicados y la imputación de ambos, junto con otros abogados y funcionarios, hoy los procesos judiciales contra estas personas están estancados.
El episodio pasó a reforzar la imagen que la sociedad paraguaya tenía sobre su sistema de justicia, cuya credibilidad solamente goza de la confianza de 2 de cada 10 paraguayos/paraguayas, de acuerdo al último informe del Latinobarómetro (2018).
El Estado paraguayo tiene un total de 11 condenas internacionales por diversos derechos vulnerados hacia una diversidad de actores sociales–adolescentes, niños soldados, víctimas de la dictadura, pueblos indígenas, líderes campesinos, víctimas de fumigaciones, etc-, en todas ellas, el elemento común que encontramos es el cuestionamiento hacia el sistema de justicia, analizó la abogada Julia Cabello, de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY).[2]
Para la CODEHUPY la instrumentación política de procesos judiciales, junto con la falta de imparcialidad y la corrupción, forman parte de las principales causas de violación sistemática del debido proceso y los derechos humanos, lo que compromete la misma institucionalidad democrática.
El caso de los 6 campesinos
El caso de los 6 campesinos es el más ilustrativo de este análisis, de la injerencia política en las definiciones judiciales y de la violación del debido proceso judicial por parte del Estado paraguayo.
Entre 2005 y 2006 los campesinos paraguayos Agustín Acosta, Arístides Vera, Basiliano Cardozo, Gustavo Lezcano, Roque Rodríguez y Simeón Bordón fueron utilizados como chivo expiatorio por los órganos de seguridad de Paraguay, ante la necesidad estatal de mostrar respuestas ante una ciudadanía conmocionada por uno de los crímenes con mayor impacto en la opinión pública durante las últimas décadas, el de Cecilia Cubas Gusinky.
En base a la declaración controversial y cambiante de un testigo pagado por el Estado, los 6 campesinos fueron condenados a 25 años de prisión más 10 años de medidas de seguridad.
Como muestra de las múltiples violaciones del debido proceso judicial, pudiendo extenderse un máximo de tres años y medio, el proceso judicial contra los 6 campesinos se extendió por 11 años y medio, tiempo durante el cual, casi en su totalidad, pasaron en régimen de prisión preventiva, un verdadero hito de la violación de los plazos procesales.
Actualmente el caso es estudiado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que podría pronunciarse este año frente a la violación estatal de al menos ocho derechos y garantías establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos.
CITAS:
[1] Las causas de la masacre de Curuguaty y de los 14 campesinos y el juez Gustavo Bonzi son emblemáticas para entender el uso político del JEM para influir en resultados judiciales.
[2] Unas 7 de ellas se dieron en el sistema interamericano de protección de derechos (Corte Interamericana de Derechos Humanos) y 4 en el Comité de Derechos de las Naciones Unidas.
IMAGEN: Foto ilustrativa, extraída de pj.gov.py
