Desde la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay advertimos que un nuevo episodio de atropello a los derechos indígenas podría consumarse este 11 de octubre durante la sesión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), donde tratarán el caso de la jueza Eresmilda Román Paiva, a quien se está enjuiciando por haber defendido los derechos de una comunidad indígena Ava Guarani.

Este martes 11 de octubre -vísperas del Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas- a las 13:30 H sesionará el JEM y como primer punto del orden del día tratará el caso de jueza Román Paiva, sobre el cual hemos expresado nuestra preocupación anteriormente y, en esa línea, hemos alertado al propio JEM, así como a la Relatoría Especial Sobre Independencia de Magistrados y Abogados de la ONU del peligroso antecedente que puede constituir este caso para la independencia de los jueces.

En el 2015 la jueza Eresmilda Román Paiva, teniendo en cuenta que la Constitución Nacional establece en su Art. 64 que la propiedad comunitaria de un pueblo indígena está fuera del comercio, falló a favor de la comunidad indígena Paso Cadena de Itakyry, al declarar la nulidad del acto jurídico respecto a un “contrato de aparcería” promovido por el señor João Romeu Meurer con el entonces líder de la comunidad. Ante el fallo contrario a sus intereses, el empresario, representado por el abogado Nelson Mora denunció ante el JEM a la jueza y esa es la denuncia que se tratará este martes.

Ante este escenario, nos vemos en la obligación de advertir:

• Que cualquier forma de sanción contra la jueza, respecto a este caso, se constituirá en un claro mensaje de amedrentamiento para cualquier magistrado que se atreva a obrar según lo que establecen nuestras leyes, si estas favorecen a los pueblos indígenas.

• Que la jueza Eresmilda Román Paiva ha obrado acorde a la ley, pues los contratos de aparcería son en el fondo contratos simulados de arrendamiento, que además se dan sin requisitos que puedan ser tomados como consentimiento libre por las condiciones de asimetría entre las partes. 

• Que según establece la Constitución Nacional de la República el alquiler de tierras indígenas es ilegal, y por ende los contratos -usualmente genéricos-, son nulos. 

• Que Paraguay acumula 4 sentencias internacionales por violación de derechos indígenas y la posible destitución de la jueza constituiría un nuevo atropello que, a largo plazo puede traer consecuencias para el Estado paraguayo a nivel internacional. 

• Que acciones como las de la jueza son excepcionales, ya que a pesar de las amenazas que sufrió durante el proceso ella decidió ajustarse a lo que establece la ley.

• Que, según las normativas vigentes, el desacuerdo por una de las partes con la decisión de un magistrado o que una sentencia haya sido revocada o revisada en instancia superior, no son argumentos suficientes para tratar de destituir a una magistrada.

Por todo lo manifestado, expresamos nuestro apoyo a la acción de la jueza respecto a este caso y llamamos a quienes tienen en sus manos la revisión de la denuncia, a ceñirse a lo que establecen las leyes, proteger los intereses de las comunidades indígenas y también los intereses del Estado paraguayo de intereses particulares que podrían desencadenar consecuencias internacionales.

Asunción, octubre 11 de 2022

Coordinación de Turno: Gestión Local, Grupo Sunu de Acción Intercultural, Heñoi

Secretaría Ejecutiva: Dante Ariel Leguizamón Morra