Al recordarse los dos años de la muerte de las niñas Lilian Mariana y María Carmen Villalba a manos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), desde la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia – CDIA y la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay – Codehupy, exigimos una investigación independiente e imparcial que brinde verdad y justicia sobre lo acontecido el 2 de septiembre de 2020 en el distrito de Yby Yaú, departamento de Concepción, zona norte de la región Oriental de Paraguay.
Al mismo tiempo reiteramos la necesidad de una exhaustiva búsqueda y localización de la niña Carmen Elizabeth Oviedo Villalba “Lichita”, desaparecida desde fines del año 2020 en la misma zona; como también sobre las denuncias acerca de la existencia de organizaciones vinculadas al crimen organizado, que reclutan niñas, niños y adolescentes con fines de explotación laboral y sexual.
Recordamos el Estado que una niña, niño o adolescente, es sujeto de protección especial desde los 0 hasta 17 años de edad, siempre; sin importar si está en su casa jugando, en la calle trabajando, en la escuela con sus pares aprendiendo o en los bosques en una situación de exposición al peligro. En todos los casos necesitan tener protección, sea por su familia, la sociedad y el Estado. Cuando no sea posible determinar su edad con exactitud, se debe presumir, en todos los casos, que tienen menos de 18 años, de modo que cualquier intervención que se haga, desde donde sea y en especial desde el Estado, sea sin generar ningún tipo de daño.
En democracia, el Estado es el garante de los derechos de todas las personas que se encuentren en su territorio, sin importar la edad, nacionalidad, religión, ideología política entre otras variables. Las autoridades deben cumplir el marco legal vigente, los compromisos internacionales incorporados por ley al ordenamiento jurídico nacional y asumir la responsabilidad subsidiaria del Estado en el cuidado del bien más preciado de una sociedad: la niñez y la adolescencia.
Las vulnerabilidades y peligros a que se encuentran expuestas las familias, comunidades, y en especial niñas, niños y adolescentes en la zona norte, son de gran magnitud y complejidad. Requieren, por lo tanto, de políticas públicas a través de las cuales se concretice la presencia del Estado y se garantice el acceso a derechos en ámbitos como salud, educación, seguridad, etc. Las desigualdades históricas deben ser abordadas con un sistema de protección social, con una visión de integralidad, universalidad, equidad e interculturalidad.
Desde el inicio de sus actuaciones, el desempeño de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en la zona norte de Paraguay se ha caracterizado por una serie de irregularidades y violaciones de derechos humanos hacia las poblaciones más vulnerables, niñas, niños, adolescentes, jóvenes con discapacidad, personas mayores, de comunidades campesinas e indígenas; al igual que las actuaciones plagadas de irregularidades y poco ajustadas al marco legal vigente por parte de diversos operadores de justicia, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial.
Desde la CDIA y la Codehupy, reiteramos la urgencia en la activación de mecanismos estatales de nivel nacional y local de prevención y protección de niñas, niños y adolescentes, tanto de las comunidades indígenas como de las campesinas, contra todas las formas de violencia, incluida la pobreza y el crimen organizado.
Asunción, septiembre 2 de 2022.
Pronunciamiento conjunto CDIA – Codehupy
