Representantes de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) y la ONG Tierraviva, participaron en la Audiencia Pública sobre la falta de independencia del Poder Judicial en Paraguay y su impacto en el debido proceso.

Una delegación estatal también estuvo presente en la audiencia, realizada el pasado lunes 23 de octubre en el marco del 165° período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A través de casos ilustrativos de situaciones en el ámbito de la justicia, la sociedad civil denunció ante la CIDH las prácticas y modalidades de intervención política que vulneran la independencia del Poder Judicial. La comitiva de defensores/as de derechos humanos estuvo compuesta por: Oscar Ayala Amarilla, secretario ejecutivo de Codehupy; Mario Barrios Cáceres, abogado de Codehupy; y Julia Cabello Alonso, coordinadora ejecutiva de Tierraviva, ONG integrante de la red. Por otro lado, la delegación del Estado estuvo conformada por: Emiliano Rolón, magistrado de Segunda Instancia del Poder Judicial; Marcelo Escapini, director general de Derechos Humanos de la Cancillería; el embajador en Uruguay, Enrique Chase Place; y altos funcionarios del Ministerio de Defensa Pública de la Fiscalía General de la República.

En este sentido, Mario Barrios, abogado de Codehupy, comentó que el Estado desde sus instituciones ̶como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Consejo de la Magistratura ̶ someten a procesos disciplinarios que pueden acarrear la remoción a funcionarios que aplican las reglas del debido proceso, ajustados a estándares internacionales del sistema regional de protección, mientras que premian a funcionarios que se adhieren al sistema y esquema de instrumentalización política.

Barrios también mencionó que, ante la necesidad de mostrar eficiencia en los casos de los hechos punibles de secuestro, los órganos de seguridad del Estado incurren en violaciones de los derechos fundamentales, logrando condenas con un mínimo o un nulo acerbo probatorio de conformidad a los estándares internacionales.

Por su parte, Julia Cabello, coordinadora ejecutiva de la ONG Tierraviva, se refirió a los desalojos forsozos y el rol del Poder Judicial que legitima las actuaciones de la policía y la Fiscalía. Recordó el caso de la comunidad Sawhoyamaxa, que recuperó sus tierras en el 2014 gracias a una ley de expropiación, pero que tres años después esa ley no puede ser concretada debido a acciones judiciales dilatorias, donde se sigue discutiendo algo que ya la Corte Interamericana resolvió.

La abogada Cabello se refirió también a la aplicación de un plan de acción conjunta para hechos punibles de invasión de inmueble ajeno, que en Paraguay se conoce coloquialmente como “protocolo de desalojo”. Advirtió sobre el principal riesgo de este instrumento: no hay ningún abordaje para proteger los derechos de las personas que están siendo expulsadas, sino solamente a la propiedad privada del sector económico poderoso, aún cuando las personas expulsadas en su mayoría padecen discapacidades, son adultos mayores o niños y niñas.

Por último, Cabello recordó el caso de la Masacre de Curuguaty, donde el supuesto titular de las tierras utilizó la figura de la prescripción adquisitiva de dominio, que no puede ser utilizada para adquirir tierras del Estado. Sumando a esto, recordó el violento desalojo de las personas ocupantes, que luego fueron procesadas judicialmente, y las muertes no investigadas de campesinos, a pesar de las denuncias de ejecuciones extrajudiciales a manos de fuerzas públicas.

Oscar Ayala Amarilla mencionó que la práctica judicial en Paraguay ha demostrado que existe una jerarquía de derechos y que en la cúspide de esa jerarquía esta la protección de la propiedad privada. “Siempre que hay un conflicto de tierra, entre poblaciones campesinas o indígenas y un ganadero o empresario, termina ganando éste último, y eso nos lleva a catalogar esta práctica como una violación permanente y sistemática a la obligación de no discriminar por parte del Estado”.

Ayala señaló también que, si bien el Ministerio Público desarrolló una unidad especializada para investigar casos en materia de derechos humanos que incluye temas de tortura, casi no existen juicios. También recordó que actualmente existen personas exiliadas: “hay ciudadanos paraguayos que han sido recibidos bajo el estatus de refugiados en la República del Brasil y en la República Oriental del Uruguay. Creemos que eso es un indicador de que las faltas de garantías están provocando que personas llamadas por la justicia tengan que buscar amparo en otros países de la región”.

Preocupaciones de la Comisión Interamericana

Por su parte, la comisionada Margarette May Macaulay manifestó que le es difícil aceptar que un juez sea despedido por una decisión que tomó, en relación al caso del juez Gustavo Bonzi. “Todos somos seres humanos que nos equivocamos y podemos seguir equivocándonos, pero creo que si un juez da un fallo a favor de un campesino y lo despiden, la respuesta viene sola, ese Poder Judicial no es independiente de ninguna manera”. Sugirió al Estado dar más información sobre los parámetros para asegurar que la independencia judicial realmente existe en Paraguay o que por lo menos se está avanzando en este sentido.

Los comisionados Paulo Vanucci y Luis Ernesto Vargas resaltaron su interés sobre la situación actual del caso Curuguaty, la forma en que fueron condenados campesinos e insistieron en la necesidad de investigar la muerte de los 11 labriegos durante el episodio del 15 de junio de 2012. La Comisionada Margarette May Macaulay solicitó que se remitan todos los documentos sobre el tema, las respuestas a las preguntas o pedidos de informes que se hayan hecho y que los mismos sean enviados al Comité para que puedan hacer algo al respecto.

Las respuestas del Estado

Sin dar respuestas directas a las consultas sobre el caso Curuguaty realizadas por los comisionados, Emiliano Rolón, magistrado del Poder Judicial, dijo que hay un gran avance en la institución. Dio como ejemplo el contar con un mecanismo de selección para la designación de un miembro del Poder Judicial, teniendo en cuenta que en épocas pasadas esta selección era por designación del Ejecutivo, sin ningún mecanismo de orientación. Por su parte, Clara Rolón de la Fiscalía General de la República, recordó que la implementación de un sistema de control en línea denominado SICOFI, que contiene información relevante sobre las causas de unidades penales especializadas con sus respectivos catálogos de hechos punibles, entre ellas, la unidad especializada en hechos punibles contra los derechos humanos.

Por su parte, María Sol Samaniego, directora de Derechos Humanos del Ministerio de la Defensa Pública, resaltó que dicha institución goza de una autonomía normativa y funcional, así como de independencia financiera en la administración de sus recursos a partir de su ley orgánica número 4.423, la cual entró en vigencia en el año 2012. Dijo también que parte de sus funciones consisten en promover la cooperación local, regional, nacional e internacional para la protección de los derechos humanos.

Para ver la Audiencia completa, pueden visitar éste link: