Elida Giménez, de la comunidad Guahory (distrito de Tembiaporã, departamento de Caaguazú) relató en comunicación con Demoinfo que cerca del amanecer de este martes unas 35 familias fueron atropelladas por un contingente policial, que realizó un allanamiento y detuvo a unas 12 personas. Los efectivos ejecutaron un desalojo y custodiaron los trabajos de fumigación en el lugar, explicó la pobladora.
Añadió que se refugiaron en la sede de la escuela San Jorge, ubicada en la cuarta línea, y que también recibieron amenazas de que serían sacados de allí a la fuerza. Giménez responsabilizó directamente de esta situación al presidente de la República, Horacio Cartes, y al titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas.
Recordó que este había prometido que un equipo del ente llevaría a cabo un trabajo conjunto con los pobladores para estudiar la situación de las tierras y de acuerdo a ello realizar las adjudicaciones. Esto a raíz de que existen varios productores brasiguayos que no son sujetos de la reforma agraria y que habrían accedido a los lotes de manera ilegal. El propio Cárdenas había reconocido que funcionarios del ente agrario vendieron los mismos lotes a más de una persona falsificando los títulos.
Asimismo, rechazó la propuesta de reubicación del gobierno a la localidad de Yhu, a unos 40 km del asentamiento actual. El terreno ofrecido no sería apto para el cultivo y las familias están hacinadas en un tinglado y sin viviendas al tiempo que denuncia que el traslado sería nada más que un negociado. A más de ello dijo que no recibieron notificación alguna antes del procedimiento y desafió a las autoridades a demostrar que las tierras son propiedad de los colonos brasiguayos, rechazando que el propio Estado desaloje a campesinos de tierras públicas para favorecer a empresarios privados.
En el informe Derechos Humanos en Paraguay 2016, los desalojos forzosos son uno de los temas del año, pues la privación arbitraria de la vivienda y la tierra constituyó una cuestión vertebral de la política de criminalización de las demandas económicas y sociales. En este sentido se remite a la Observación General N° 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que define a los desalojos forzosos como “el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos”. El órgano considera que esta práctica es incompatible con los requerimientos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), por el cual se han impuesto obligaciones específicas a los Estados para garantizar el acceso y no violar estos derechos.
Foto: imagen ilustrativa del desalojo realizado en setiembre de 2016.
