La Misión de Observación de Derechos Humanos en el Norte, encabezada por la Codehupy, halló una serie de violaciones de derechos humanos. Este exhaustivo relevamiento de información será plasmado en un documento oficial que se entregará a autoridades locales y organismos internacionales.
Mediante un sinnúmero de reuniones y entrevistas con los más diversos actores de San Pedro, Concepción y Amambay, entre ellos autoridades públicas locales y departamentales del ámbito judicial, de salud y de seguridad, como también autoridades eclesiásticas; organizaciones ciudadanas, sociales, gremiales, docentes, grupos de adultos mayores, cooperativas y asociaciones de productores agrícolas y trabajadores rurales, organizaciones de mujeres y otras organizaciones territoriales, como con líderes de pueblos indígenas, entre otros. Por lo tanto, la Codehupy pretende que el informe a presentar en el mes de marzo, sea un documento construido de manera plural, en base a informaciones obtenidas de primera mano, y procesada con la mayor rigurosidad posible. Todo, con el objetivo de aportar recomendaciones al Estado y contribuir esteroide dianabol con el cambio de la esta realidad social.
PRINCIPALES HALLAZGOS
- Derecho a la Seguridad: secuestros, reclatamiento forzoso y cambio de la estrategia de las fuerzas de seguridad.
La Codehupy se solidariza con las víctimas de secuestro Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Óscar Denis y se adhiere a las declaraciones de la familia Denis que demandan al Estado paraguayo adoptar todas las medidas necesarias, dentro del marco de la ley, para encontrar y rescatar con vida a todas las personas secuestradas, incluyendo a los niños y niñas víctimas de reclutamiento forzoso. La Codehupy se suma al clamor de la toda la sociedad paraguaya que reclama la libertad estas personas.
La misión recibió información confiable y de primera mano sobre el caso de una persona mayor de edad que se encuentra con paradero desconocido desde hace más de dos años. Esta persona podría haber sido víctima de reclutamiento forzoso por parte del Ejército del Pueblo Paraguayo. La Codehupy cotejará la información suministrada con fuentes oficiales del Ministerio Público y el CODI para obtener un reporte definitivo sobre el caso. De confirmarse, estaríamos ante una cuarta persona que estaría privada de su libertad de manera ilegal en manos de los grupos criminales en la región.
Hemos observado que la política de seguridad en la región ha modificado parte de su estrategia de intervención, en un intento por ganar “mentes y corazones” de la población bajo su zona de influencia, declarando como objetivo de su intervención el desarrollo y la seguridad, a través de la asistencia social a la comunidad, tareas que están a cargo de otras instituciones públicas.
- Derecho a la vida:
El 2 de septiembre de 2020, elementos de la Fuerza de Tarea Conjunta que acechaban al Ejército del Pueblo Paraguayo dieron muerte a dos niñas de 11 años, quienes presumiblemente serían familiares de integrantes del citado grupo armado ilegal. Si bien el caso aún se encuentra bajo investigación por parte de la Unidad Especializada de Derechos Humanos del Ministerio Público, se ha observado un manejo incorrecto de la evidencia y escena del crimen, así como poca transparencia para realizar una autopsia conforme al Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas, lo que acarrearía eventualmente malograr la eficacia de la investigación.
La Codehupy se encuentra profundamente preocupada por la pérdida de contacto o extravío en la zona militarizada de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, hija de dos integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo, de quien se dejaron de tener noticias y/o contacto desde fines de noviembre de 2020. Al ser una menor de edad, es responsabilidad del Estado.
3- Derecho al debido proceso
La misión observó que en los procesos penales llevados adelante en contra de personas acusadas de prestar apoyo logístico al Ejército del Pueblo Paraguayo o a la Asociación Campesina Armada – Ejército Paraguayo (ACA-EP), se han registrado graves violaciones al debido proceso, en particular que no se contempla el estándar probatorio mínimo para la aplicación de altas condenas y se oponen pruebas de carácter ilegal, como el uso de testigos que no son identificados y que no pueden ser contraexaminados por la defensa en el juicio. A su vez, estas investigaciones se basan en procedimientos de detención en los que se alega que ocurren hechos de violencia perpetrados por agentes de la Fuerza de Tarea Conjunta.
En los procesos civiles donde se encuentran en litigio tierras campesinas, para la ejecución de obligaciones hipotecarias, a diferencia del proceso penal donde la propia ley obliga a que se designe un defensor público, existen mayores obstáculos para contar con la asistencia de un defensor público designado por el Estado.
4- Derechos de asociación, reunión y manifestación. Defensores de Derechos Humanos
Se ha observado que se estigmatiza desde el discurso oficial a quienes defienden derechos humanos o plantean posiciones políticas progresistas o siquiera críticas a las autoridades, vinculándolas con los grupos armados ilegales. Se ha observado que las personas que defienden derechos humanos, así como dirigentes de organizaciones sociales viven en un clima de temor por el riesgo cierto de ser imputadas y vinculadas arbitrariamente a causas penales por supuestamente ser simpatizantes o “apoyos logísticos” de los grupos armados ilegales. Esto genera autocensura y una limitación indebida del espacio de participación pública y del ejercicio de la libertad de expresión, incompatible con una sociedad democrática. Observamos que en los territorios bajo control de la Fuerza de Tarea Conjunta las organizaciones sociales y sus activistas tienen dificultades para mantener reuniones y realizar trabajo gremial, por el miedo que se ha instalado.
5- Situación de los pueblos indígenas en la zona
Según datos relevados por la misión, desde el 2014 hasta la fecha existen unas 28 personas indígenas asesinadas en circunstancias relacionadas al cultivo de marihuana, entre ellas menores de edad. Dos miembros de una de las comunidades se encuentran desaparecidos y seis adolescentes fueron víctimas de trata con fines de explotación sexual. El pueblo Pai Tavytera actualmente no puede acceder al cerro Jasuka Venda, lugar sasgrado de los Pai Tavytera, debido a la incursión en la zona de grupos ilegales y de las Fuerzas de Tarea Conjunta. Debido a ello, están suspendidos sus rituales y prácticas tradicionales.
8- Derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia
La misión observa que continúa arraigada la cultura tradicional que mantiene a niñas, adolescentes y mujeres discriminadas y en condiciones de desigualdad histórica. Son las primeras en abandonar la escuela para ayudar en el trabajo doméstico y de cuidado en la familia. No acceden a información sobre sexualidad y la reproducción, lo que las induce a uniones tempranas, embarazos no deseados y maternidades a temprana edad. Sufren cotidianamente la violencia doméstica y de género debido a patrones culturales vigentes, que las mantienen silenciadas cuando son maltratadas y son pocas las que denuncian debido a la insuficiencia de servicios de atención.
Para acceder al informe preliminar ingresar aquí Misión de Observación de los Derechos Humanos – Informe Preliminar Final
Para más información: 0974-252061 y 0971-365000
