Jalil Rachid confirmó su renuncia como viceministro de Seguridad Interna y anunció que ya presentó su solicitud ante el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, a fin de ser reincorporado al Ministerio Público.

En una entrevista con radio Cardinal afirmó que su renuncia se debe a la proximidad de la finalización del plazo de permiso que tenía en la Fiscalía. Añadió que si bien pudo haber tenido diferencias con el exministro Francisco de Vargas y el actual, Tadeo Rojas, su renuncia al cargo no se debe a pelea alguna y que la decisión ya fue hablada con el fiscal general. Además reconoció que existen muchas deudas pendientes en materia de seguridad.

Rachid deja el cargo luego de un año, tras su sorpresiva designación en la cartera de Estado durante el desarrollo del juicio oral a los campesinos y campesinas del caso Curuguaty, en el cual fue el fiscal investigador y acusador desde casi el principio.

Su designación en pleno juicio oral de una emblemática causa desató sospechas desde el principio sobre la supuesta finalidad de “salvarlo” de uno de los principales cuestionamientos y puntos flojos de la acusación: Rachid había admitido que le era imposible determinar quién mató a quién, por lo que su acusación fue por homicidio en grado de tentativa.

A ello se añaden los cargos por invasión de inmueble asumiendo que las tierras de Marina Kue pertenecían a Campos Morombí y de asociación criminal, tomando como principal elemento un censo de los campesinos, un requisito del Indert para acceder a los programas de tierras. Sobre las mujeres también pesaron estos dos cargos, pero el de homicidio fue planteado en carácter de complicidad. Según Rachid, la función de las mujeres fue mostrarse en la primera como “señuelos” para crear un ambiente de confianza y tomar desprevenidos a los policías a fin de hacerlos caer en una emboscada.

Tras la designación de los nuevos fiscales (Leornardi Guerrero, Liliana Alcaraz y Nelson Ruiz), se hizo el cambio de calificación a la de homicidio doloso consumado y se impusieron altas penas de hasta 30 años más 5 años de medidas de seguridad a Rubén Villalba; 20 años a Luis Olmedo; 18 años a Arnaldo Quintana y Néstor Castro Benítez; 4 años a Felipe Benítez Balmori, Adalberto Castro Benítez, Alcides Ramón Ramírez y Juan Carlos Tillería; y seis años para todas las mujeres adultas, María Fany Olmedo, María Dolores López y Lucía Agüero. La joven Raquel, quien al momento de la masacre tenía 17 años, fue sobreseída, pero la fiscalía apeló la decisión.

A Rachid se le atribuye una investigación parcial del caso, pues solo fueron procesados y condenados los campesinos por la muerte de los seis policías. En tanto, ningún policía fue investigado por la muerte de los once labriegos, a pesar de las denuncias formales radicadas en la Fiscalía de Derechos Humanos y los indicios de que habrían existido ejecuciones arbitrarias así como torturas, según una investigación que fue realizada por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).

Asimismo, la propia declaración de los policías que mencionan la existencia de ráfagas de armas automáticas así como la incertidumbre sobre cómo se iniciaron los disparos arrojan sombras sobre la tesis del Ministerio Público, que asegura que los policías supuestamente ingresaron desarmados con el fin de “dialogar” con los ocupantes y que allí fueron emboscados.

Otra de las objeciones que pesan contra Rachid es el ocultamiento de pruebas, como la desaparición de la filmación del helicóptero y los casquillos de armas automáticas que le fueron entregados por el político colorado Julio Colmán.

La defensa de los campesinos también cuestionó que una escopeta que fue robada días después de la masacre fue introducida de manera irregular como elemento de prueba contra los condenados.

Por último, en un juicio donde los únicos testigos presenciales fueron policías, Rachid, como viceministro de seguridad, se desempeñó como superior directo de los agentes que declararon ante el Tribunal de Sentencia (integrado por Ramón Trinidad Zelaya, Manuel Silvero y Benito González), que condenó a todos los acusados y acusadas. La sentencia fue apelada por la defensa.