La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) informó a las relatorías de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre el caso de la abogada Letícia Almada Paoli, abogada a la que podrían cazar la matrícula en el marco de un proceso que para la Codehupy podría repercutir negativamente en la democracia.

El informe -remitido a inicios de setiembre- da cuenta de la situación de los y las defensoras de derechos humanos y la falta de independencia de los operadores de justicia en Paraguay.

Sobre el caso de la abogada Almada Paoli, refiere que se trata de una profesional comprometida con la defensa de los derechos humanos de un sector históricamente vulnerabilizado, el sector campesino. Específicamente, en relación al acceso a la tierra, a la vivienda digna, a la alimentación, a un ambiente sano, entre otros, de las familias campesinas de la comunidad de Barbero Cué, del departamento de San Pedro, quienes luchan y resisten desde hace muchos años por la legalización de sus tierras.

La Codehupy señala que como consecuencia de estas tareas Almada Paoli viene soportando presiones, hostigamientos, amenazas, represalias, con un evidente propósito disuasivo. Paoli, cuenta con un sumario administrativo abierto en el Poder Judicial en base a una denuncia que ni siquiera cuenta con firma y que fue promovida por una magistrada a la que la abogada anteriormente denunció por mal desempeño en sus funciones. El objetivo del sumario es cazar la matrícula profesional de la abogada, lo que desembocaría en la indefensión de los y las campesinas, y además a que Leticia pierda su medio de vida y los honorarios que legítimamente le corresponderían.

Además de los informes, el pasado 10 de septiembre la Codehupy promovió una reunión con Representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la abogada, de modo a poner en conocimiento de esta instancia detalles del proceso.

Sobre el caso, la Codehupy había presentado en agosto pasado un Amicus Curiae ante la Corte Suprema de Justicia, adviertiendo que el sumario contra la abogada y defensora de derechos humanos podría generar “un antecedente negativo en el orden institucional de la República”, específicamente en relación a la libertad de expresión.

Sobre este punto, se recuerda en el documento que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece de forma concreta la prohibición de imponer sanciones que impidan o restrinjan la labor crítica que llevan a cabo los defensores y defensoras de derechos humanos respecto de personas que ejercen cargos públicos. También hace hincapié en que las autoridades públicas están sujetas a un mayor escrutinio de la sociedad en relación a particulares, dado que, están expuestas a una valoración sobre sus funciones o el ámbito en el que se desenvuelven.

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