El Consejo de la Magistratura de Paraguay anunció que se conformarán las ternas para ocupar los cargos que se encuentran vacantes en la Corte Suprema de Justicia de Paraguay.

Desde la CDIA y Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) expresamos nuestra profunda preocupación debido a que entre las personas candidatas se encuentra nuevamente la señora María Elodia Almirón Pruje, una magistrada cuya conducta, en pos de lograr la adopción irregular de un niño, llevó en 2011 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a dictar medidas de protección, cautelares y provisionales, respectivamente, con el fin de proteger los derechos del niño y garantizar el vínculo con su familia biológica. 

Asimismo, estos hechos hacen parte de un caso que se tramita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para determinar la responsabilidad internacional del Estado de Paraguay por las afectaciones a la integridad, el derecho a la identidad y la protección de la familia, entre otros derechos vulnerados. 

En este sentido, recordamos que en 2009, mientras se encontraba en ejercicio como magistrada, la candidata a la Corte Suprema de Justicia, interfirió en el proceso de mantenimiento del vínculo del niño L.M. con su familia, mediante una solicitud de guarda presentada de manera irregular y fuera de los plazos legales que impone el período para realizar la búsqueda de familiares biológicos. La familia del niño fue obligada a enfrentar múltiples procesos judiciales interpuestos por la magistrada en cuestión, para obstaculizar la reunificación familiar.

Aun cuando los familiares biológicos del niño fueron hallados y solicitaron su cuidado junto con la paralización de los procesos de guarda y adopción, el juzgado interviniente desconoció esta información e igualmente dispuso la guarda a favor de la magistrada. Cabe señalar que la referida magistrada, a pesar de conocer la existencia de la familia biológica del niño, no desistió de su pedido y continuó con sus acciones, incumpliendo con la legislación y desconociendo el principio de protección especial e interés superior del niño.

El caso atravesó múltiples dilaciones y apelaciones hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de Paraguay. Durante casi 2 años, el niño estuvo impedido de desarrollar vínculos con su familia biológica, pese a que las condiciones para la reintegración familiar estaban dadas desde que tenía tan solo 3 meses de vida, conforme lo había informado el equipo técnico del Centro de Adopciones de Paraguay.

El niño L.M. recién pudo retomar el contacto y vínculo con su familia biológica en el año 2011, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado de Paraguay la adopción, de forma inmediata, de las medidas que sean necesarias, adecuadas y efectivas para proteger sus derechos a la integridad personal, protección de la familia e identidad, permitiéndole luego de 2 años, mantener vínculos con su familia biológica.

Las medidas cautelares y provisionales otorgadas han sido por la CIDH y la Corte IDH, y el caso que hoy sigue en trámite ante la CIDH, evidencian cómo la administración de Justicia de Paraguay obró contrariamente a la ley y el derecho internacional, en favor de dicha magistrada.

En todos estos hechos, la magistrada, que actualmente es candidata a la Corte Suprema de Paraguay, fue actora principal y actuó con condescendencia de quienes operaban el sistema de justicia en el país en ese momento. Su influencia sigue vigente, ya que la misma en la actualidad es integrante del Tribunal de Apelaciones, desde hace 6 años, y fue re-confirmada en octubre del 2022 en dicho cargo.

Recordamos que, según la Constitución Nacional de Paraguay, todas las personas que integran la Corte Suprema de Justicia deben gozar de notoria honorabilidad, entre otros requisitos.

Por tal motivo, hacemos un llamado a reflexionar sobre los hechos ocurridos y descartar la candidatura en cuestión, pues, consideramos que la magistrada no es idónea para constituir la Corte Suprema de Justicia debido a que demostró una falta de respeto a las leyes, convenios internacionales, derechos humanos y los derechos de la niñez.

Asunción, marzo 20 de 2023

Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA); Coordinación de turno de la Codehupy: Serpaj, Sociedad de Comunicadores del Paraguay (SCP), Seija y Dante Leguizamón, secretario ejecutivo. 

Para mayor información: 

Alejandra Rodríguez, (595) 991 850771

Aníbal Cabrera, (595) 971 914915 

Dante Leguizamon, (595) 981 555430