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Eliminan cargos por tentativa de homicidio en caso de supuesto ataque contra tractorista en Guahory. El imputado asegura que se encontraba en Asunción cuando ocurrieron los hechos por los cuales fue imputado.

Andrés Brizuela –quien fue imputado por el fiscal Alejandrino Rodríguez por tentativa de homicidio doloso, coacción grave y daños en el caso Guahory– fue beneficiado con medidas alternativas a la prisión luego de que se constatara la falta de elementos para involucrarlo en un supuesto ataque realizado a un tractorista y quema de cultivos el pasado 8 de octubre en la comunidad ubicada en el distrito de Tembiaporã, departamento de Caaguazú.

Además de que Brizuela asegura haber estado en Asunción en el campamento instalado en la Plaza Uruguaya y ofreció varios testigos para probarlo, durante las diligencias se detectaron varias incoherencias en el relato de los testigos. En primer lugar, uno de los productores brasiguayos que disputan la posesión del inmueble con las familias campesinas y que fueron beneficiados por el desalojo realizado el 15 de setiembre del corriente, aseguró que pudo visualizar desde unos 300 metros a los responsables del ataque, pero posteriormente no pudo identificar a nadie.

Brizuela estaba imputado, junto con otras cuatro personas, por tentativa de homicidio, coacción grave y daños. Estuvo ocho días con prisión preventiva, en tanto que Antonio Velázquez permaneció recluido por 22 días.

La Codehupy intervino en el caso luego de un pedido de asesoramiento de los labriegos a través de la abogada Sonia von Lepel, quien presentó ante las autoridades a Brizuela a fin de que sea levantado el estado de rebeldía y solicitó el cambio de calificación de los cargos, siendo eliminada por falta de consistencia la denuncia por intento de homicidio, por lo cual Brizuela salió con medidas alternativas. El abogado Marcial Bobadilla, quien representa a las familias en el proceso civil por la titularidad del inmueble, también asumió la defensa en la causa penal.

La audiencia fue realizada el pasado martes en la sede del juzgado penal de garantías de la ciudad de Caaguazú, a cargo de Juan Oviedo. Las restricciones impuestas fueron la prohibición de acercarse al lugar, la comparecencia mensual ante el juzgado y la prohibición de salir del país.