La Cámara de Diputados aprobó el pasado 17 de agosto la ley “De promoción del buen trato, crianza positiva y de protección a niñas, niños y adolescentes contra el castigo físico o cualquier tipo de violencia como método de corrección o disciplina”. El proyecto quedó sancionado y queda en manos del Poder Ejecutivo su promulgación o veto.
En este sentido, Aníbal Cabrera, director de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y Adolescencia (CDIA), señala que la aprobación de la ley es un paso necesario, pero no suficiente para avanzar en la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia. Añade que la norma es un marco orientador, pero que no cambia las pautas socioculturales en una sociedad que sigue siendo adultocéntrica y en la que la niñez y adolescencia es concebida como objeto y no como sujeto de derecho. Además, la violencia física “correctiva” está naturalizada y es vista mayormente como un derecho de los padres y madres.
Además de promulgar leyes, Cabrera urge al Estado a destinar los recursos necesarios para garantizar la protección adecuada, pues una normativa es una expresión de buenos deseos pero que tiene como contraparte una baja inversión en la niñez, la falta de infraestructura y de perfiles técnicos. Puso como ejemplo que el Gobierno central desconcentró competencias en la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni), pero estas oficinas funcionan en precarias condiciones y más bien fungen de juzgados.
El director de CDIA observó que es necesario pasar de las campañas comunicacionales a la promoción de los derechos y prevención de la violencia en un contexto en que resulta manifiestamente insuficiente la oferta pública para atender los casos de violencia física, trato humillante, castigos corporales y trata.
Al mismo tiempo expresó su preocupación respecto a que con la revisión del Código de la Niñez y la Adolescencia se baje el piso de derechos en lugar de mejorarlo. Apuntó que es necesario reglamentar el sistema nacional de protección en consonancia a los estándares de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la Niña y las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño. Al mismo tiempo dijo que se requiere la creación de un fondo de inversión en la niñez que llegue a al menos el 8% del PIB en relación con el 3,5% que se destina actualmente.
Una consulta realizada por el CDIA referente a la violencia muestra que el 61% de los niños, niñas y adolescentes reportó haber sido víctima de algún tipo de maltrato de sus familiares más cercanos. El 35% manifestó haber recibido violencia física grave, mientras que el 13% dijo haber sido objeto de violencia física leve y el 13% expresó haber vivido violencia sicológica. Seis de cada diez niños, niñas y adolescentes han recibido algún tipo de maltrato y son castigados principalmente por “desobedecer, faltar el respeto y hacer cosas prohibidas”.
Cabe recordar que en el marco del último Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el Estado se comprometió a tomar varias medidas para garantizar el pleno goce de sus derechos a la niñez y la adolescencia. Además de la aprobación de una ley que prohíba los castigos corporales, el Estado se comprometió a mejorar el acceso a la salud y educación, erradicar la explotación sexual, prohibir el trabajo de niños menores de 14 años, erradicar el criadazgo, brindar protección integral a la niñez en situación de calle y asegurar el registro de nacimiento a todos los niños y niñas nacidos en el territorio de la república.
Foto: Global Infancia
