Los últimos tres años muestran que el feminicidio fue en aumento: 32 en el 2016, 48 en el 2017 y 57 en el 2018. Una ley específica de protección contra toda forma de violencia es un paso dado, pero si el discurso y los compromisos que se asumen desde el Estado no van asociados a una aplicación real, no pasan de ser meros actos protocolares.

El informe Derechos Humanos Paraguay 2018, publicado por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) en diciembre último, aborda los derechos de las mujeres en el artículo “Presupuestos suficientes, voluntad política y acuerdo social: esenciales para garantizar una vida libre de violencia de género”.

Así como la violencia de género tardó 25 años en salir del ámbito privado y familiar como un problema público que atañe al Estado y a la sociedad, lo que ha alentado de manera progresiva a denunciarla, queda un largo trecho para que el concepto y definición de feminicidio logren insertarse en el imaginario de la sociedad paraguaya, en general muy conservadora.

Las cifras son irrefutables y la realidad de la que se desprenden es la que debiera dictar el camino de las políticas públicas o planes de gobierno. El acuerdo social, necesario para impulsar esfuerzos conjuntos, se encuentra varado en discrepancias de tinte moralista y religioso.

En los debates virtuales se ve que buena parte de la sociedad aún no ha dado un salto en su comprensión del tema y cuestiona por qué cuando un varón muere en el contexto de un asalto callejero, por ejemplo, no se incluye como masculinicidio.

El Informe señala que una desventaja para que se instale a cabalidad la protección de la mujer es la resistencia a un enfoque de género en la ley y en la educación, proveniente de grupos religiosos fundamentalistas. Y la complacencia de los gobiernos que, además de entorpecer los avances, viola el precepto constitucional establecido en el artículo 24, de la a-confesionalidad del Estado.

El feminicidio, como hecho punible de acción penal pública, fue reconocido en el 2016 con la promulgación de la ley 5777 “De Protección Integral a las Mujeres contra Toda Forma de Violencia”. Esto quiere decir que en nuestro país está asumido el asesinato de una mujer en razón de su sexo y que corresponde a la forma más extrema de violencia hacia las mujeres.

No en vano tenemos que de enero a setiembre de 2018, el 85% de las denuncias por violencia doméstica y familiar recogidas por el departamento de Asuntos Familiares de la Policía Nacional corresponde a mujeres, y solo el 15% de los denunciantes eran varones. Casi el mismo índice maneja la Secretaría de Género de la Corte Suprema de Justicia, que procesa los datos de los Juzgados de Paz de toda la República. En estos casos, también casi el 85% de las víctimas son mujeres.

Por eso se habla de responsabilidad del Estado. El estudio de los antecedentes de las mujeres asesinadas muestra que en la mayoría de los casos hubo denuncia previa y no fueron protegidas.

En este sentido, el informe de CODEHUPY remarca que una de las fragilidades a las que se enfrentan las instituciones públicas es que las políticas que se implementan no son de Estado sino del gobierno de turno y no se da continuidad a planes y programas de su antecesor.

Como principales recomendaciones se citan: eliminar las brechas que existen entre el discurso y la práctica; adoptar políticas que promuevan una educación laica, libre de prejuicios y creencias religiosas; y ampliar el presupuesto de varias instituciones estatales.

Para leer el artículo completo, ingresa aquí:

http://codehupy.org.py/wp-content/uploads/2019/03/IGUALDAD-Mujeres.pdf