En conferencia de prensa y mediante una presentación realizada el sábado 6 de julio, representantes de las Organizaciones Sin Fines de Lucro de Paraguay (OSFL – ONGs) expresaron profunda preocupación por el tratamiento del proyecto de ley “Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las Organizaciones Sin Fines de Lucro”, que tendrá lugar este lunes, 8 de julio, en el Congreso Nacional.

Bajo la premisa de promover el control, se introducen medidas que afectarían gravemente el derecho a la libertad de asociación, obstaculizarían el acceso a financiamiento y generarían un marco regulatorio excesivamente burocrático y punitivo para las diversas instituciones.

En ese sentido, las organizaciones mencionadas al final se unen para defender sus derechos y expresan lo siguiente:

Enfatizamos los puntos que consideramos críticos y que podrían afectar de forma negativa el derecho a la libertad de asociación, vulnerando convenios internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) (Art. 22) y la Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 16), ratificados por Paraguay:

Contraposición a normas legales y constitucionales: el proyecto viola el derecho a la inviolabilidad del patrimonio documental y la comunicación privada (Art. 36), la libertad de concurrencia, la libertad de asociación y principios básicos del derecho administrativo

Medidas confiscatorias: el documento pretende que el Estado se apropie de recursos privados de las OSFL, centralizando su administración en el Ministerio de Economía y Finanzas, atentando contra la autonomía e independencia de estas organizaciones (Art. 9 de la propuesta de ley).

Sanciones desproporcionadas: estas son excesivas e indefinidas para personas físicas y jurídicas vinculadas a las OSC, aplicables a cualquiera que cuente con un rol de supervisión o que conduzca la administración interna de una OSFL (Art. 10), así como a cualquier persona jurídica, organismo, entidad o persona física (Arts. 12 y 13). Se buscan establecer multas de hasta mil salarios mínimos, suspensiones e incluso disolución, sin un debido proceso ni garantías legales.

Exceso de control estatal: impone requisitos de información excesivos y onerosos, obstaculizando la gestión y el acceso a financiamiento de las OSC. Se establece un registro obligatorio en el Ministerio de Economía y Finanzas sin procedimientos claros, abriendo la puerta a la discrecionalidad y las restricciones arbitrarias.

En este escenario, exigimos la revisión exhaustiva del proyecto de ley para eliminar las disposiciones que vulneran derechos fundamentales y obstaculizan el trabajo del sector civil.

Ante esta situación, y analizando la gravedad que representa, es imperativo que se revise el contenido del proyecto de ley para garantizar que se cumplan las buenas prácticas y los estándares internacionales para regular el sector de las OSFL.

En la postura a favor del control, la transparencia y la trazabilidad de los fondos se argumenta la inexistencia de supervisiones. Sin embargo, el proyecto no hace referencia a los diferentes mecanismos existentes, no solo para aquellas ONGs que administran recursos públicos, sino para todo tipo de actividad financiera o económica del sector. Como parte de nuestro compromiso para la rendición de cuentas, cumplimos con más de 10 obligaciones al Estado, además de registros en varias instancias, sumados a la rendición de cuentas a nuestros donantes.

Instamos a un diálogo abierto y transparente con las OSFL para conocer estos detalles y, a su vez, construir un marco regulatorio que promueva un control efectivo, la rendición de cuentas y el buen gobierno sin menoscabar la autonomía, independencia y el impacto social de las organizaciones sin fines de lucro.

Creemos fundamental la unión de la ciudadanía y actores relevantes de la sociedad para la defensa del derecho a la libertad de asociación, la transparencia genuina y el desarrollo de una sociedad civil fuerte y consolidada en Paraguay.

Alzamos nuestras voces en un llamado para defender nuestros derechos clave y el rol crucial que desempeñamos en la sociedad, ante un proyecto de ley que amenaza nuestra existencia misma. Estamos seguros de que el futuro de la democracia y el bienestar social dependen de nuestra acción conjunta.

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