Luego de la anulación de las sentencias contra campesinos y campesinas del caso Curuguaty por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, se cerraron todos los caminos jurídicos para investigar los hechos.
Sin embargo, esto no exime al Estado paraguayo de su obligación de esclarecer el episodio, salpicado por denuncias de ejecuciones extrajudiciales y hechos de tortura, como también de extralimitaciones en la actuación de fiscales y jueces.
Paraguay sigue sin cumplir los requerimientos de dos órganos de las Naciones Unidas: el Consejo de Derechos Humanos (2013) y el Comité Contra la Tortura (2017), que emitieron observaciones y recomendaciones sobre el caso.
El primero se limitó a recomendar la creación de una comisión independiente que investigue las violaciones de derechos humanos durante el operativo; el segundo, presentó esta exigencia de forma más completa, contemplando el esclarecimiento de hechos, el juzgamiento de la actuación de actores judiciales, el juzgamiento de responsables y la reparación a las personas y familias afectadas:
“El Comité insta al Estado parte a que:
a) Un órgano independiente investigue de manera efectiva, exhaustiva e imparcial las alegaciones de uso desproporcionado de la fuerza letal, tortura y otros malos tratos cometidos presuntamente por agentes estatales durante el allanamiento ocurrido el 15 de junio de 2012 en Curuguaty, así como las presuntas violaciones al debido proceso durante los procesos judiciales llevados a cabo hasta el momento, tal y como el Estado parte aceptó durante el examen periódico universal (véase A/HRC/32/9, párrs. 102.120 y 104.1 y A/HRC/32/9/Add.1, párrs. 27 y 28);
b) Se enjuicie a los autores y, de ser declarados culpables, se les sancione y se ofrezca una reparación a las víctimas y a sus familias y se proteja en todo momento a las víctimas, sus familiares y a los testigos contra posibles represalias”
De hecho, cuando se hizo pública la absolución de campesinos y campesinas y la anulación de sentencias en 2018, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, celebró el fallo y recordó las obligaciones del Estado:
“Saludo la decisión de la Corte Suprema de Paraguay en este emblemático caso. Sin embargo, 17 personas fueron asesinadas ese día, por lo que insto al Estado paraguayo a asegurar que se realicen investigaciones independientes e imparciales en relación a esas muertes, y a que quienes resulten responsables rindan cuentas de acuerdo a un proceso que respete todas las garantías de un juicio justo”, señaló Zeid.
La absolución de campesinos y campesinas abrió un nuevo escenario de obligaciones para el Estado paraguayo, relacionadas al esclarecimiento, derecho a la verdad y reparaciones.
No se puede hablar de restitución de la justicia, ni tampoco de reparación, sin esclarecer los hechos y las responsabilidades de personas particulares como las de agentes estatales durante el operativo fatídico y durante el proceso investigativo judicial.
Entre las acciones más urgentes del Estado, se debe atender la situación de 37 campesinos que continúan imputados tras la masacre a partir de la misma lógica jurídica viciada e irregular que quedó anulada por el Tribunal de Casación.
A siete años de la masacre y a casi un año de la absolución de campesinos y campesinas, la sociedad paraguaya tiene un nuevo desafío en torno al caso, el de incidir en el Estado para que cumpla con estas obligaciones.
Lo debe hacer en un contexto complejo, donde a pesar de que el actual gobierno dice preparar medidas de reparación, la institucionalidad jurídica registra retrocesos que sugieren la injerencia política en dos definiciones relacionadas al futuro del caso y al futuro del sistema de Justicia en general: el enjuiciamiento de dos de los camaristas de la Sala Penal de la Corte que dictaron el fallo absolutorio (uno de ellos renunció ante el silencio de ministros de la Corte Suprema); y el nombramiento forzado del fiscal Jalil Rachid en la ciudad de Curuguaty, uno de los actores judiciales que, de cumplirse el requerimiento de las Naciones Unidas, debería ser investigado por aparentes extralimitaciones en sus funciones durante el proceso judicial del caso.
Imagen de portada: Corto Curuguaty Hoy
