El pasado lunes 18 de julio se realizó en el Salón Pilcomayo del Hotel Guaraní la presentación del informe “Criminalización de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En representación del organismo regional, el abogado Mario López destacó el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos para una sociedad democrática. Explicó que el informe recoge los principales obstáculos que enfrentan las personas que defienden los derechos humanos, ya sea en la forma del uso abusivo del poder punitivo del Estado a través de figuras como el desacato, inducción a la rebelión, resistencia, terrorismo, entre otras, así como expresiones estigmatizantes de parte de funcionarios del Estado y campañas de crédito urgente.

Por su parte, María José Méndez, directora general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, aseguró que el Estado reconoce la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos, que han contribuido a visibilizar los retos pendientes en la garantía de acceso a derechos y al derecho de luchar por los derechos.

En tanto, Iris Rojas, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, habló sobre la labor que vienen realizando en la capacitación sobre los derechos humanos, prevención de la tortura y las recomendaciones que realizan al Estado paraguayo para proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos, terminar los malos tratos a personas privadas de libertad así como la investigación y medidas de no impunidad en los crímenes contra periodistas y dirigentes campesinos como Vidal Vega y Benjamín Lezcano.

Posteriormente, la ministra de la Defensa Pública, Noyme Yoré, dijo que al hablar de la criminalización contra defensores y defensoras de derechos humanos se habla de la defensa pública, que no discrimina a quién atender. Señaló que el órgano a su cargo se dedica a defender a las personas más vulnerables y sin recursos a fin de velar por el debido proceso, agradeciendo incluso las críticas que recibe con el fin de ir mejorando el trabajo.

Finalmente, Óscar Ayala, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), expresó que durante la aún inacabada transición a la democracia las principales violaciones de derechos humanos se dan a través de la negación de los derechos sociales, económicos y culturales. Asimismo, apuntó que la represión contra las organizaciones sociales ha adquirido un nuevo rostro a través del uso distorsionado del derecho penal con fines de criminalización. Mencionó específicamente la campaña mediática, de los órganos del Estado y de los grupos empresariales que han cerrado filas legitimando las violaciones al debido proceso cometidas contra los campesinos y campesinas condenados por el caso Curuguaty.